La juez Núñez abre pieza separada por el uso de tarjetas de la Faffe en prostíbulos

En Sevilla, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, cit
Eduardo Briones - Europa Press
Actualizado 19/10/2018 17:03:29 CET

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha acordado incoar nuevas diligencias previas para investigar el uso de las tarjetas bancarias con fondos de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) por parte del ex director general de ésta Fernando Villén en diferentes prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba, haciendo frente a gastos de casi 32.000 euros.

De esta manera, en una providencia con fecha de 17 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta y las diligencias referentes a la extinta fundación, ha acordado abrir pieza separada por el uso de las tarjetas tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción a este respecto después de la declaración de Fernando Villén el pasado 11 de octubre por estos hechos.

Villén, en su declaración, vinculó estos pagos en los clubs de alterne, de unos 32.000 euros, dentro de la actividad "comercial" que desarrollaba para el organismo. Además, señaló que los hechos son "indecorosos e impresentables" y se mostró "muy arrepentido".

Tras esta declaración, el Ministerio Público solicitó a la juez Núñez Bolaños, además de abrir pieza separada, citar en calidad de testigos a cuatro responsables de contabilidad de la Faffe, como Ana Valls, jefa del departamento de finanzas, aunque en la providencia no se hace referencia alguna a esta petición.

Los hechos que se investigarán en esta nueva pieza, según señalaron fuentes de la Fiscalía a Europa Press, son distintos de los que se indagan en la pieza separada de la Faffe, donde se analizan contratos "irregulares" y traspaso de fondos públicos "sin contratos".

Aquí, según las citadas fuentes, queda claro que el "único sujeto activo" es Villén, la "metodología criminal" y "la cuantificación de la defraudación". Por todo ello, para la Fiscalía, quedaría "poco" por conocer para ir directamente a juicio para juzgar estos hechos investigados, en concreto, saber si se devolvió el dinero a la Faffe por parte de Villén como él declaró o como apunta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último atestado son "apuntes contables falsos".

En este sentido, Villén señaló en su declaración que devolvió todo el dinero en efectivo a la "caja central" de la Fundación, salvo el presunto pago de 14.737 euros en el club 'Don Angelo' de Sevilla. En este punto y a preguntas del fiscal anticorrupción, explicó que llamó al banco para preguntar cómo podía hacer para que no saliera registrado en la cuenta ese último pago.

Entonces, según precisó, le dijeron que tenía que ir al club de alterne y hacer el pago en efectivo y anular el anterior. Villén reiteró que devolvió todo el dinero con fondos propios, pues entonces tenía una situación "adecuada" ya que él y su mujer trabajaban.

Además, las citadas fuentes han indicado que, aunque Villén haya devuelto el dinero y suponga una atenuante, sigue habiendo un delito de malversación.

De otro lado, Villén, en su declaración, vinculó los gastos en prostíbulos a la actividad comercial que desarrollaba en su cargo en la Faffe, pues el patronato de la extinta fundación alcanzó un acuerdo por el que se exigía que la Fundación contara con ingresos del sector privado, más allá del dinero aportado a su presupuesto por la Junta.

Al hilo de esto, las citadas fuentes han asegurado a Europa Press que a la Fiscalía Anticorrupción le "consta que toda la financiación de la Faffe es pública".

ATESTADO DE LA UCO

Cabe recordar que la UCO señala en su último atestado la existencia de hasta ocho tarjetas bancarias de la extinta fundación, con las que se habrían gastado un total de 31.969 euros en "doce juergas" en clubs de alterne en Sevilla, Cádiz y Córdoba. Tres de esas ocho tarjetas se habrían utilizado para hacer 43 gastos en prostíbulos, correspondientes a doce fechas, que habrían tenido lugar en distintos momentos entre finales del 2004 y mediados del 2009. Las ocho tarjetas "estaban asociadas a tres cuentas corrientes con un saldo de 828 millones, y se habrían gastado unos 80.000 euros de dinero público" con su uso.

De las ocho tarjetas mencionadas por la UCO, seis estaban en poder del que fuera director de la Faffe y otras dos en manos de su hermano, Manuel Villén, quien las habría utilizado en gastos de peaje por un importe total de 8.109 euros.

En lo que a las seis tarjetas del exdirector respecta, con un gasto total de 72.489 euros, tres de ellas se utilizaron en clubs de alterne, en lo que la Guardia Civil apunta al "mayor importe financiado con las tarjetas asociadas a las cuentas de Faffe", un total de 31.969 euros.

En este importe estaría incluido el presunto pago de 14.737 euros en el club 'Don Angelo' de Sevilla por parte de Villén, que dio pie a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento mientras que se desconoce el destino de los otro 23.000 euros revelados en sede parlamentaria por el consejero de Empleo, Javier Carnero.

Además, la UCO indica en el último atestado que en la Faffe se intentaron "maquillar" las cuentas "para ocultar" estos gastos. "Se maquillaron los libros contables" para explicar que en las devoluciones conocidas "no aparecen ingresos" por esos importes, mientras que la UCO ve "indicios claros de que se han falseado los apuntes contables".

IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS DE LA FAFFE

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción, en la pieza separada de los cursos de formación que investiga las irregularidades en la extinta Fundación, considera que esta entidad realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros, contratos que "supondrían una quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares".

La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas empresas.