La Junta de Andalucía "garantiza" que no ha vulnerado la protección de datos ni de alumnos ni de profesores

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha garantizado este martes que que no ha existido vulneración de la protección de los datos de los miembros de la comunidad educativa de Andalucía. "Todas las cuentas se crean con datos anónimos y tanto Google como Microsoft nunca han tenido acceso a contraseñas ni han podido usar los datos para fines comerciales".

Así lo han sostenido fuentes de la Consejería que dirige en funciones María del Carmen Castillo en respuesta a una información publicada por El País en la que se informa de un expediente sancionador por facilitar esos datos a Microsoft. En relación con dicho expediente sancionador, la Junta ha explicado que "el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) consideró la necesidad de establecer medidas más claras sobre formación del profesorado e información a los usuarios sobre la creación de las cuentas y la explicación del tratamiento de sus datos".

En este sentido, la Consejería ha informado de la elaboración de un Plan de Acción donde se adoptan, entre otras, "medidas técnicas y organizativas para minimizar el riesgo de que los usuarios del sistema introduzcan datos de categoría especial en los servicios educativos en la nube".

Este Plan de acción ha sido "avalado" por el propio CTPDA y, en este momento, "se están terminando de implementar las medidas propuestas en dicho documento y que serán presentados antes del 31 de enero de 2027. Por otra parte, se ha actualizado el Registro de Actividad de Tratamiento y se está tramitando un nuevo convenio, que cuenta con una evaluación de impacto con "roles más claros de responsabilidad sobre el tratamiento de datos por parte de la Consejería y de Microsoft".

"Es necesario resaltar que en ningún momento ha habido brecha de datos, ni se ha roto la privacidad o el derecho a la intimidad de los estudiantes ni del profesorado andaluz. Las cuentas se controlan desde una consola en la Consejería, lo que garantiza su gestión y el uso exclusivo para fines educativos", apostillan desde la Junta.

Recientemente, recuerda la Administración, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dictaminó, mediante resolución oficial, que "la Consejería cumple con todas las garantías exigidas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en un expediente similar sobre el uso de la plataforma de Google".

"Ahora se repite la situación con Microsoft. Los convenios son análogos. En el caso de Google, en su momento se remitió toda la información requerida y el resultado fue concluyente: la Consejería cumple con todos los requisitos técnicos y legales. Nunca ha habido, por tanto, una brecha en la protección de los datos personales del alumnado o del profesorado", han apostillado las fuentes.

En cuanto a Microsoft, las indicaciones del Consejo de Transparencia son las mismas, es decir, la consideración de medidas más claras sobre formación del profesorado e información a los usuarios. "En los próximos meses se trasladará al CTPDA respuesta al expediente, que culminará también con la firma de un nuevo convenio donde queden aclaradas todas las cuestiones".

MAÍLLO, POR ANDALUCÍA: "PARECE DE PELÍCULA. Y GRATIS. ES FUERTE"

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha exigido explicaciones urgentes al Gobierno de Moreno Bonilla tras conocerse que la Junta de Andalucía ha vulnerado durante los últimos seis años la protección de datos de 525.000 alumnos y alumnas menores de edad, 74.000 docentes y un millar de centros escolares al entregar sus datos a Microsoft. "Parece de película, pero es lo que ha hecho el Gobierno de Moreno en Andalucía. Los datos de medio millón de niños andaluces están en manos de una multinacional estadounidense. Y gratis. Es fuerte", ha señalado Maíllo.

El portavoz de Por Andalucía ha advertido en una nota de que "no hablamos de una simple lista de nombres, sino de información digital de los colegios andaluces: fotos, notas, posibles dificultades de aprendizaje, datos médicos y otra información sensible de menores". "Las familias no saben dónde están esos datos ni quién los controla realmente", ha subrayado.

Maíllo ha acusado al Gobierno andaluz de "regalar la información digital de los colegios a una multinacional". "Nos dijeron que estas plataformas venían a facilitar la vida de los centros educativos, pero el precio real era la privacidad de nuestros hijos e hijas. Lo que parecía gratis lo han acabado pagando los niños y niñas andaluces con sus datos", ha denunciado.

En este sentido, ha criticado que la Junta "venda como modernización lo que en realidad es una entrega de lo público a una empresa privada". "Moreno vuelve a poner lo que es de todos al servicio del negocio de los de siempre. Ya lo hace con la sanidad, la educación, la dependencia y la vivienda. Y ahora también con los datos de nuestros hijos e hijas", ha señalado.

"Necesitamos un Gobierno que nos proteja, no un Gobierno que nos venda. Las familias confían en la escuela pública para educar y cuidar a sus hijos e hijas, no para que sus datos acaben alimentando el negocio de Microsoft", ha añadido Maíllo. El portavoz de Por Andalucía ha recordado que la coalición ya llevó este asunto al Parlamento andaluz y preguntó al Gobierno de Moreno si se estaban cediendo datos personales del alumnado a Google u otras empresas tecnológicas privadas, qué datos se estaban entregando, a cuántos alumnos afectaba y qué garantías existían para evitar un mal uso de esa información.

"Ya denunciamos esto en el Parlamento y la Junta ni nos respondió. Queríamos saber si la Consejería estaba protegiendo a los niños y niñas andaluces o si estaba poniendo sus datos en manos de grandes corporaciones. Hoy se confirma que hacíamos bien en no fiarnos", ha señalado Maíllo.

Por último, Maíllo ha exigido a la Consejería de Desarrollo Educativo que explique "quién autorizó esta cesión, quién lo sabía, desde cuándo lo sabía y por qué no se informó de forma clara a las familias". "La pregunta es muy sencilla: dónde están ahora mismo los datos de esos niños, a quién se han entregado, para qué se han usado y quién garantiza que no se está haciendo negocio con ellos", ha concluido.