La Junta de Andalucía no contempla ahora proyectos de colaboración público privada pero ve que "no hay que descartarla"

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano ha apuntado que la Junta de Andalucía "ahora mismo" no contempla el desarrollo de proyectos de colaboración público privada, pero considera que es una fórmula que "no hay que descartarla por sí misma".

Arellano ha valorado la incidencia en Andalucía del informe emitido por el Tribunal de Cuentas Europeo relativo a 'Asociaciones público privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados', sobre el que ha pedido la "máxima prudencia", toda vez que el informe "toma una muestra en una serie de obras en toda Europa, de las dos se hallan en España, en concreto en obras de infraestructuras en Castilla y León y Cataluña, que recogieron cofinanciación de la UE", por lo que "debe ser tenido en cuenta y analizar con rigor".

Arellano ha explicado las razones para emplear la fórmula público privada, como "aumentar la eficiencia de los proyectos" y ha recordado la reducción "en más de la mitad" del empleo de la fórmula público privada en la legislatura 2012-2016 y ha aludido al descenso del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), de forma que "si entre 2008-2012 se destinaron 1.673 millones al FCI para toda España, y 418 millones para Andalucía, en el período 2012-2016 se han destinado 506 millones para todo el país, de los que 184 millones se destinan a Andalucía".

El consejero, quien reclama a Europa "la naturaleza reorientadora de estos fondos", ha rechazado "demonizar" la fórmula de colaboración público privada, y apuesta por buscar "fórmulas de equilibrio".

Arellano ha explicado que la colaboración público privada "es una fórmula de contratación que requiere de experiencia en la gestión de la fórmula" y ha resaltado que la Junta "ha actuado con responsabilidad con este tipo de contratación".

"Cuando se aplica esta fórmula, hay que ver cómo se distribuye el riesgo y determinar la participación de la iniciativa privada en la inversión y el riesgo", ha explicado Arellano, quien ha apostado por "buscar fórmulas de equilibrio".

A su juicio, "se debe efectuar un uso prudente de esta fórmula, pero no descartarla por sí" y considera que "el núcleo de la buena marcha de un proyecto de colaboración público privada se halla en la buena definición del proyecto".

Arellano ha indicado que "ahora mismo la Junta no contempla proyectos de colaboración público privada" y ha reconocido que "las condiciones de proyectos en el pasado tendrán que considerarse". Ha apuntado que actualmente "lo más parecido a esta fórmula es la compra pública innovadora".

Sobre la existencia de sobrecostes injustificados en este tipo de proyectos, a lo que alude el Tribunal de Cuentas de la UE, Arellano ha reconocido que "a veces hay sobrecostes justificados, la vida es así".
"Hay que intentar que esos sobrecostes no sucedan y que sean justificados si suceden", ha añadido el consejero, quien insiste en la importancia de que "la gestión sea la adecuada".

PROBLEMAS EN LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

La diputada de IU Elena Cortés ha aludido a los informes tanto del Tribunal de Cuentas como de la Cámara de Cuentas sobre la colaboración público privada, apuntando que el informe del Tribunal "desmonta las ventajas que se han repetido como un mantra en la última década sobre los beneficios de esta fórmula, cuando los únicos beneficios era que estas actuaciones e inversiones no computaban en el déficit ni en la deuda".

Ha reconocido que ante la crisis y las exigencias de Bruselas "hubo un tiempo en que ésta era el único camino que le quedaba a los gobiernos para hacer proyectos", pero ha apuntado que el informe del Tribunal "desmonta esta fórmula y asegura que retrasos en la ejecución, supone un aumento de costes y dice que el gasto es ineficiente e ineficaz, pues en muchos casos los ciudadanos han corrido con el gasto por sobrecostes".

Asimismo, ha indicado que este informe del Tribunal europeo "dice que las obras analizadas se hicieron sin análisis previos de alternativas tradicionales, y no se ha defendido el interés general" y asegura que "afecta a la calidad y transparencia" además de suponer "una dependencia del operador privado y una reducción de la competencia". "El elevado coste de esta fórmula no compensa el ahorro", ha apuntado Cortés, quien ha citado los sobrecostes en ejemplos de colaboración público privada como los metros de Sevilla y Málaga, con 1.093 y 1.391 millones de sobrecoste, respectivamente.

Por su parte, el diputado del PSOE Jesús Ruiz ha recordado que "hay
muchos ejemplos y sectores donde se da este tipo de colaboración, hay permeabilidad, transferencia de conocimiento y asunción de riesgos".

Ruiz, quien ha recordado que en Andalucía se ha credo la oficina andaluza de evaluación financiera "para establecer garantías y certidumbre", considera que en Andalucía "hay un marco jurídico e institucional adecuado para ese tipo de fórmulas", y ha apuntado que "se debe evaluar y sopesar el coste de oportunidad que supone la ausencia de estos proyectos; es preferible mejorar el procedimiento de planificación que asumir ese coste de oportunidad".

Ha recordado las limitaciones de este informe del Tribunal europeo, "que ha analizado 12 proyectos de diversos países", apuntando que "gran parte de los problemas que se advierten en el informe están relacionados con el tamaño y volumen de proyectos, como pasa en otras modalidades de contratación". Por ello, cree que "se debe explorar esa fórmula con todas las garantías, y no hay que demonizar la colaboración público privada; hay que ser más serios y tener más perspectivas de futuro, no se puede dar la espalda al progreso".

El diputado del PP Jaime Raynaud ha apuntado que la cuantía del testeo del informe del Tribunal de Cuentas "se está generalizando sobre lo que ocurre en toda la colaboración público privada, cuando el informe analiza 12 sobre 1.749 proyectos en toda Europa, lo que supone una ratio del 0,7 por ciento del total de proyectos en Europa desde 1990".

"Se ha analizado proyectos de cuatro países en un contexto de 15 países y se ha limitado los sectores analizados a las TIC y al transporte, sin analizar otras áreas, y además sólo han sido analizados aquellos proyectos que han contado con ayuda de la UE", ha añadido Raynaud, quien reconoce que hay recomendaciones válidas en el informe "con cosas a mejorar", pero cree que "no se puede descalificar el sistema, que puede ser útil en algunos casos".

La diputada de Podemos Carmen Lizárraga cree que el informe "es claro", donde se apunta la existencia de "sobrecostes" en este tipo de proyectos y se critica que "se elige la colaboración público privada sin un análisis previo sobre si era la mejor opción".

Lizárraga ha aludido al informe de la Cámara de Cuentas andaluza "que ya ponía antes en duda el uso de esta modalidad y donde se recomendaba que se aportara información suficiente sobre su idoneidad".

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White considera que "la asociación público privada puede tener efectos positivos y contribuir a proporcionar bienes, servicios e infraestructuras, y conseguir que se flexibilicen condiciones muy estrictas como las que figuran en las restricciones presupuestarias".

Hernández White ha recordado que el informe del Tribunal europeo alude a dos obras en España "la A-1 y C-25 en Castilla y León y Cataluña", de forma que "se analiza un ámbito de colaboración público privada muy reducido, en este caso obras de gran calado".

Para el diputado naranja, esta fórmula "tiene sus efectos positivos" y aunque el informe "analiza problemas y errores en la gestión, y sobrecostes en las obras", para Hernández White estos problemas "se dan también en otras obras públicas que no han sido canalizadas en esta fórmula". "Se trata de ser eficaz y eficiente en la gestión", ha aseverado.