SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha acordado este martes iniciar los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional el Decreto ley 2/2025 sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados que en estos momentos se encuentran bajo la tutela de Canarias.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha esgrimido como argumento jurídico de fondo para recurrir esa norma una invasión de competencias, por cuanto ha indicado que "ese acuerdo entre el señor Pedro Sánchez y el señor Puigdemont no solo podría ir contra la Constitución, sino también contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía".
El mandato que sale del Consejo de Gobierno es que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad inicie los trámites previos a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, para el que dispone de un plazo de tres meses desde su entrada en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), plazo que empezó a contar el 20 de marzo.
La Junta de Andalucía invoca "defender la independencia competencial de Andalucía", así como "la igualdad de trato entre comunidades autónomas", además de esgrimir del objeto de esa iniciativa sería "la dignidad de las personas" y con ello que los menores no acompañados "no sean tratados como mercancías".
El Gobierno reclama "una atención de calidad y no en precario" para los menores extrajeros, planteamiento que se traduce en que el reparto establecido, que recrimina sea fruto de un acuerdo entre el Gobierno y un partido catalán, "no puede ser impuesto y sin financiación adecuada", así como ha remarcado el dato de la infrafinanciación anual de Andalucía sobre la media de las comunidades autónomas, que sitúa en 1.500 millones de euros.
España ha subrayado que de los 4.400 menores que serán objeto de esa redistribución entre las comunidades autónomas "solo 26 acabarían en Cataluña", para remarcar aquí el agravio comparativo por cuanto a Andalucía se estima que llegarían cerca de 800.
"Estamos viendo que la financiación no llega, que la financiación brilla por su ausencia", ha sostenido la consejera y portavoz, quien ha recordado seguidamente que en 2024 se atendieron a 2.615 menores migrantes en Andalucía.
"Nuestros recursos están ya al 96%", ha advertido en ese sentido España para subrayar con ese dato que la capacidad para atender a los menores se encuentra cerca de su límite, además de que ha blandido otro episodio anterior, como que el Gobierno "nos ha colado, ha metido por la puerta de atrás a 634 niños menores bajo la apariencia de mayoría de edad".
La consejera y portavoz ha sostenido que esa forma de proceder por parte del Gobierno "no es seria", con el agravante que ha planteado de que se trata de una Administración "que se denomina progresista" y ha subrayado entonces que "los repartos no son solidarios", además de que "se hacen con una fuerza política como es Junts" y "no se acuerda con las comunidades".
España ha indicado que el mismo día del acuerdo del Gobierno con Junts se estaba celebrando la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas y que "el Ministerio en ningún momento comunicó este reparto", por lo que ha planteado que "se produce un desequilibrio" en cómo se hace y ha reclamado entonces que "no se puede ni se debe poner el riesgo el sistema".
"Esta distribución colapsa el sistema, revienta el sistema y lo que sí podemos decir es que estamos al límite", ha subrayado España, antes de volver a plantear que "el Gobierno de España envía a los menores, pero no envía la financiación correspondiente".