La Junta cree que un "rechazo frontal" a su borrador para taxis y VTC sólo respondería a "intereses políticos"

Carazo: Un "rechazo frontal" al borrador de medidas para taxis y VTC sólo se entendería como una postura por intereses
JUNTA DE ANDALUCÍA
Actualizado 30/04/2019 17:30:53 CET

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha sostenido este martes que "un rechazo frontal" al borrador de propuestas que su departamento ha elaborado para la ordenación y modernización del sector del transporte discrecional en vehículos turismo, y que se ha presentado a los sectores del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) "solamente se entendería como una postura sesgada por intereses políticos y sin intención de resolver el problema de los afectados".

En esa línea, y en una comparecencia en comisión parlamentaria a solicitud de PSOE-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía, Carazo ha subrayado que el documento tiene "carácter de borrador abierto al diálogo", y "continuamos con los brazos y mentes abiertas para debatir sobre estas medidas", y ya están estudiando las alegaciones presentadas por los referidos sectores a dicho documento.

Ha defendido que "nuestras medidas se orientan a mejorar el servicio que ofrece el taxi --con precio concertado, áreas de prestación conjunta y el transporte a la demanda--, controlar la actividad de las VTC con web andaluza de control, refuerzo de la inspección y convenios con ayuntamientos, y equiparar las exigencias de ambos servicios"; en concreto, las condiciones técnicas de los vehículos y la capacitación de los conductores.

La consejera ha subrayado que este asunto "no fácil viene de hace tiempo", desde la entrada en vigor de la ley 25/2009 de 22 de diciembre --la denominada 'Ley Omnibus'--, promovida por el Gobierno socialista de entonces, que propició la liberalización del sector de transporte por carretera en vehículo turismo, según ha abundado.

Ha comentado que "esta situación se ha visto agravada por una normativa errática y un Gobierno de España que ha trasladado la decisión a las comunidades autónomas, dando lugar a una amplia posibilidad de soluciones normativas dispares dentro del mismo Estado, a un conflicto del sector y a una sensación de inseguridad jurídica que no beneficia a nadie".

Carazo ha acusado además al Gobierno de Pedro Sánchez de haber respondido a las "graves tensiones" entre un colectivo y otro con "un decreto que ha venido a enturbiar" la situación, que "no da solución a los problemas de hoy" y que "podría vulnerar la Constitución".

Tras criticar que "el anterior Gobierno andaluz tampoco hizo nada" con esta cuestión, ha defendido que el Ejecutivo de PP-A y Cs, aunque entiende que "la mayor responsabilidad es del Gobierno de España", se ha puesto "desde el primer momento" a afrontar esta cuestión.

Así, ha remarcado que, "apenas sin equipo" propio y "recién incorporada" a la Consejería, se reunió con los sectores de taxis y VTC, para "intentar llegar a acuerdos que permitan dar salida a este conflicto".

Al respecto, ha detallado que, "a día de hoy", hay 9.403 licencias de taxi en Andalucía y 1.988 de VTC, con una ratio de una VTC por cada cinco taxis, si bien la presencia es especialmente "significativa" en la provincia de Málaga, que "suma 1.255 autorizaciones VTC frente a 2.665 licencias de taxi", según ha explicado, así como en Sevilla capital, donde se da "una proporción de una VTC por cada diez taxis".

BORRADOR DE PROPUESTAS

Así, ha recordado que la Dirección General de Movilidad puso en marcha un equipo de trabajo que, "en apenas 45 días", ha elaborado el referido borrador de propuestas de unas 500 páginas "serio, solvente, partiendo de cero".

Entre las propuestas recogidas en ese documento figuran la posibilidad de que los taxis realicen servicios cobrando por plaza, o crear estaciones de VTC en el perímetro de los núcleos urbanos. También, la posibilidad de que el taxi ofrezca un precio cerrado al usuario en los servicios precontratados, así como la posibilidad de realizar servicios cobrando por plaza.

Asimismo, propone la intensificación de las labores de inspección con el incremento en un 50%, así como con el plan de choque de nuevos inspectores, que "supondrá el incremento de la plantilla en un 50%".

Igualmente, desde Fomento "se propone la creación de una web de control andaluza que se nutra de la web estatal y permita complementar aquellos campos de los que ésta carezca". Además, "se elaborará una instrucción para la correcta implementación de ambas webs de control".

La Junta también propone, entre otras medidas, la firma de convenios de colaboración de la Administración autonómica "con los ayuntamientos que lo requieran para la formación en las labores de inspección y control de los servicios", así como "la creación de comisiones provinciales del taxi para el fomento y creación de áreas de prestación conjunta".

La consejera ha aseverado que el actual Gobierno andaluz "gobierna para todos los andaluces y por encima de todo está el interés general", que "no vamos a poner por delante" al interés de "ningún colectivo", según ha aseverado.

La Consejería no comparte "las soluciones que han establecido un tiempo previo" de contratación a las VTC para poder realizar servicios, porque "puede generar graves problemas jurídicos y no estamos dispuestos a que esto perjudique a los andaluces", según ha apuntado Carazo.

En esa línea, ha incidido en que la Junta ha trabajado "para ofrecer una solución sensata y viable que puede garantizar que los andaluces puedan contar con un servicio de transporte eficaz que se adecue a sus necesidades".

PSOE-A Y ADELANTE PIDEN A JUNTA PONERSE DEL LADO DE LOS TAXISTAS

En el turno de los grupos solicitantes de la comparecencia, el diputado del PSOE-A Gerardo Sánchez ha defendido que el servicio de taxi "funciona", y su partido va a "apostar por unos trabajadores que, echando muchas horas, reciben un sueldo digno".

Ha defendido que se apueste por la "precontratación" de VTC "con un tiempo mínimo de 30 minutos", y también por "la salida y regreso a las bases" de dichos vehículos, y ha pedido a la Consejería que "se ponga al lado de los trabajadores de un servicio --el del taxi-- valorado muy positivamente por los ciudadanos" en Andalucía.

Por parte de Ciudadanos (Cs), el parlamentario Juan de Dios Sánchez ha acusado a "algunos partidos" de estar "alimentando este conflicto" entre taxis y VTC porque "creen que pueden sacar partido", y frente a ello ha dado su "enhorabuena" a la Consejería de Fomento por el borrador realizado tras un "excelente trabajo".

En esa línea, ha explicado que "la primera petición" que le trasladaron desde el sector del taxi en una reunión mantenida con representantes del mismo fue "la precontratación a precio cerrado", que está incluida en el borrador, según ha subrayado el diputado de Cs, que aboga por que "el sector del taxi sea competitivo, entendiendo que eliminar licencias de VTC no le favorece".

Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía Diego Crespo ha expresado "descontento" por los 45 días que se ha dado la Junta para elaborar el referido borrador, que "no recoge en ningún momento las medidas que ha solicitado el sector del taxi", y en esa línea ha acusado a la Consejería de "situarse al lado de las VTC", un área dominada por "grandes multinacionales", según ha criticado.

Por otro lado, el diputado del PP-A Juan Bueno ha criticado la actuación del Gobierno del PSOE en esta materia y ha defendido que la Consejería de Fomento "ha tomado el camino de plantarle cara" a un "problema grave" e "intentar plantear soluciones", por lo que ha apostado por que "siga en esa línea".

Finalmente, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha señalado que el "problema real" en esta cuestión "viene desde la aprobación de la llamada Ley Ómnibus" en 2009, y ha apuntado que la Junta debe tener como "objetivo prioritario mejorar la calidad del servicio a los usuarios y que no quede desatendido y desregulado esa parte de servicio público que tiene el sector del taxi".

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