La consejera de Igualdad reitera la necesidad de que el Gobierno configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal
SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
Andalucía "ampliará el Estado del Bienestar" con una renta mínima de inserción que dará cobertura a más de 45.000 familias --más de 120.000 personas-- y que contará con un presupuesto de 198 millones de euros anuales, ha informado este miércoles en Comisión parlamentaria la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha hecho hincapié en que "se trata de un soporte vital para las familias más vulnerables".
No obstante, la consejera ha aprovechado su comparecencia para insistir una vez más, en la necesidad de que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal a todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social o en riesgo de estarlo, a través del reconocimiento del derecho subjetivo en el conjunto del Estado.
En comparecencia parlamentaria, la titular de la consejería ha indicado que la nueva renta constituye un derecho subjetivo de la ciudadanía y surge ante "el deterioro de la cohesión social, agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del gobierno central". "Es la respuesta del Gobierno andaluz a una situación de vulnerabilidad de carácter multidimensional que requiere una respuesta transversal", ha matizado.
Antes de detallar la propuesta, la consejera ha recordado que la futura renta mínima parte de una iniciativa legislativa popular de 2015, lo que muestra "la sensibilidad del Ejecutivo autonómico con las demandas de la ciudadanía y de la calle".
Sánchez Rubio ha resaltado el "carácter público, complementario e intransferible" de la prestación, que consistirá en una mensualidad calculada sobre el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. También ha avanzado otros detalles sobre la nueva renta, cuyos destinatarios serán las personas de entre 25 y 64 años, y los de entre 18 y 24 años siempre que reúnan una serie de requisitos como tener un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, haber estado tutelado por la Junta de Andalucía hasta alcanzar la mayoría de edad o ser víctima de violencia de género o huérfano de ambos progenitores.
Asimismo, la consejera ha destacado la incorporación de la perspectiva de género para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres y, de este modo, evitar la feminización de la pobreza.
La renta mínima es una garantía de ingresos que se complementa siempre con un plan de Inclusión, de acompañamiento para la inserción laboral y social con el objetivo de que las personas y unidades familiares beneficiarias puedan salir de la situación en que se encuentran.
Por su parte, la diputada popular Ana Vanessa García ha señalado que han pedido esta comparecencia porque entendían que la si la previsión era que la renta mínima de inserción empezase a funcionar el 1 de enero, "pensábamos que iba a estar prácticamente aprobado el decreto de regulación", toda vez que pregunta "qué previsión tienen sobre la entrada en vigor de este decreto y la puesta en marcha de esta renta", porque "se han generado muchas expectativas".
En este sentido, asegura que hay muchas organizaciones sociales que muestran su "preocupación" porque ven "insuficiente" esta renta mínima a la hora de cubrir necesidades en Andalucía, y explica que haciendo el cálculo de las personas susceptibles de tener derecho a esta renta "estaríamos hablando de aproximadamente 250.000 hogares, mientras que el cálculo que tienen es de unas 42.500 familias para 2018", de ahí "su alta insuficiencia".
Por último, García pide a Sánchez Rubio que aclare el calendario de implantación y si se trata de una prestación garantizada, "si tendrá esa coletilla de disponibilidad presupuestaria", porque en cuanto al salario social "muchas veces el Defensor del Pueblo ponía de manifiesto que no se llegaba a todos los solicitantes por falta de presupuesto", concluye.
