La Junta dice que el porcentaje de desahucio de vivienda social es mucho menor sobre los expedientes abiertos

CÓRDOBA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco García, afirmó hoy que el porcentaje final de desahucio de viviendas sociales es bastante menor con respecto a los expedientes que se abren.

En declaraciones a Europa Press, el delegado respondió así a las críticas realizadas ayer por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) de Córdoba que lamentó el aumento de expedientes de desahucio para viviendas de carácter social de titularidad de la Junta de Andalucía en zonas como Moreras, Palmeras y el barrio Guadalquivir de la capital.

García explicó que la administración autonómica tiene en Córdoba capital aproximadamente unas 3.000 viviendas de alquiler y en la gestión de ese patrimonio se generan diversos problemas en el día a día, por lo que se abren expedientes de desahucio por diversos motivos.

Entre ellos, están el hecho de que una familia esté viviendo sin tener título legal sobre la misma, también por un mal uso de la vivienda o una mala convivencia con el resto de la comunidad; y en algunos casos también, aunque son los menos, porque existan atrasos grandes en el pago del alquiler de la vivienda.

Estas situaciones generan un número de expedientes de desahucio que se abren para dar la oportunidad al afectado de poder justificar la situación con los datos que estime convenientes, por lo que hay un procedimiento legal establecido. No obstante, si durante el mismo no se justifica, el expediente puede culminar en que el juez autorice el desahucio, subrayó el delegado.

Quiso dejar claro que "de los expedientes que se abren a los que concluyen en desahucio hay una gran diferencia", por lo que los que terminan siendo realidad son muchos menores que los expedientes iniciados, ya que se soluciona el problema y terminan archivándose.

En el caso de que el problema sea el impago de las rentas, que supone una media de 40 euros al mes, explicó que si la familia que no está pagando en este momento es por la actual situación económica, se comprueba si es un hecho puntual o por el contrario siempre ha sido así.

De este modo, lo que se hace es reconocer la deuda que tienen y hablar con ellos para indicar que pueden pagar la deuda de manera diferida. Y es que, según dijo Francisco García, "está comprobado que, si no tienen la obligación de pagar su renta mensual, no suelen cuidar la vivienda porque hay muchos casos en los que las familias no pagan la vivienda y son las que peor las tratan". Por ello, consideró que "tiene que haber una obligación de pagar la vivienda".