La Junta reivindica haber cancelado 10.586 viviendas turísticas y PSOE-A subraya que Andalucía supone el 25% del total

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha reivindicado este jueves que "sí está ejerciendo sus competencias" en el control y ordenación de las viviendas de uso turístico (VUT), que ha puesto de manifiesto con el dato de haber cancelado 10.586 viviendas, dadas de bajas por incumplir la normativa autonómica y local. El dato comprende hasta septiembre y desde 2024, año de la entrada en vigor del Decreto 31/2024 que aprobó para modificar la normativa vigente al respecto hasta entonces, la Ley 13/2011 y el Decreto 28/2016.

"Hechos contra anuncios", ha proclamado el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, que ha querido oponer la actividad de la Administración autonómica al anuncio que hizo el domingo en Málaga en un acto del PSOE el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se pondría en contacto con las plataformas anunciantes de inmuebles turísticos para que retiraran los anuncios de 16.740 viviendas.

Bernal ha reivindicado que el Gobierno andaluz aplica "una política racional" con las viviendas turísticas y se ha declarado convencido de que "nuestro sistema de control funciona", antes de invocar el derecho de un turista a "la reserva de una vivienda segura y legal" y ha sostenido el hilo directo de su departamento con las plataformas mediadoras entre propietarios y usuarios "para la retirada de anuncios de viviendas sin número de registro autonómico".

El Grupo Socialista ha replicado ese argumento del control del mercado de viviendas turísticas que ha sostenido el consejero para asegurar que en Andalucía ha crecido un 8,8% la vivienda turística desde mayo de 2024 a 2025, por lo que ha hablado de "un crecimiento alarmente" y ha sostenido que Andalucía representa "el 25% de las viviendas turísticas de toda España", como ha afirmado la parlamentaria Isabel Aguilera.

En línea con el argumento de la intervención de Sánchez en Málaga ha reprochado al Gobierno andaluz que "ha permitido que dos de cada 10 viviendas turísticas hayan estado operando de forma ilegal", para defender Aguilera que esa falta de supervisión "afecta a los empresarios que hacen las cosas bien".

"Qué nos ofrece el Gobierno del señor Sánchez", se ha preguntado de forma retórica el consejero de Turismo, quien ha considerado que esos 16.740 inmuebles que Sánchez dijo que saldrían del registro de inmuebles de uso turístico para su puesta en el mercado de alquiler "son discursos y titulares falsos", para reprocharle la aprobación de un Registro Único de esas viviendas cuando "nosotros nos encargamos de cancelar" y ha remarcado que "10.500 cancelaciones reales avalan esta afirmación".

Bernal ha reivindicado el intercambio de información con ocho municipios (Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almería, Alhaurín el Grande y El Puerto de Santa María), y que está tramitación el acuerdo con otros 23 para la firma de "convenios para compartir datos" y ha alertado de que su departamento trabaja con la Consejería de Fomento para "detectar viviendas de protección oficial destinadas ilegalmente a uso turístico", aunque ha precisado que "no es un caso generalizado, pero cuando lo detectamos, lo cancelamos inmediatamente".

Ha defendido que las viviendas de uso turístico desde 2022 se encuentran en retroceso, para señalar a las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla como ejemplo, así como ha planteado que su existencia propicia que "muchas familias disfruten de vacaciones que de otra forma no podrían", antes de presentarse a sí mismo como ejemplo por cuanto debe "mover a una familia de seis miembros", además de considerar que estos alojamientos "generan empleo" y "fijan población".

El consejero de Turismo ha rechazado como "falso" la afirmación de diferentes grupos de la oposición sobre el peso de los fondos buitres en la propiedad de las viviendas turísticas y ha sostenido que "más del 90% son viviendas de pequeños tenedores".

Bernal ha asegurado que eran 10.266 viviendas turísticas canceladas contabilizadas hasta agosto y que ascienden a 10586 hasta septiembre, por lo que ha inferido que "320 viviendas hemos cancelado en 15 días", dato que ha presentado como "la buena marcha de servicios de inspección", además de argumentar que "no le pasamos la pelota a los ayuntamientos".

Ha criticado el consejero de Turismo que "el Registro de la Propiedad que se ha sacado Sánchez de la manga sí que tiene coste", en referencia al Número de Registro Único de Alquiler Turístico y ha negado que las viviendas canceladas de uso turístico "no revierten en grandes estancias", antes de señalar "la inseguridad de la ley estatal" de la que ha considerado que ha empujado a "los propietarios a dejar las viviendas vacías antes que destinarlas al alquiler", para indicar entonces que "hay casi 4 millones de viviendas vacías en España" y que son 640.000 en Andalucía.

"En Andalucía no demonizamos las viviendas de uso turístico" y ha defendido en paralelo el trabajo del Gobierno andaluz para "garantizar que cumplan la normativa".

LOS GRUPOS

La socialista Isabel Aguilera ha reprochado a Bernal una comparecencia parlamentaria en la que "venía a confrontar con el Gobierno y como siempre a presumir de datos que falsean la realidad" para sostener que de 96.000 pisos turísticos en Andalucía, los pisos señalados por Sánchez suponían un 20% del total, mientras ha reprochado al Gobierno andaluz que de los 1.350 millones transferidos por el Gobierno para vivienda la Junta de Andalucía tiene pendientes de ejecutar 1.100 millones.

La diputada del Grupo Vox en Andalucía Cristina Jiménez ha lamentado "la demagogia normativa" y lo que ha descrito como "una política criminal donde se ataca a la propiedad y se protege el delito", aun cuando ha reconocido "el aumento viviendas vacacionales y el incremento de turistas en nuestros barrios", para lamentarse seguidamente "la desigual normativa para afrontar el problema, con cada municipio con un marco legal distinto", lo que deviene en "un mapa regulatorio fragmentado y contradictorio" y con ello, "el caos está servido".

La parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez Corona ha criticado al consejero por atribuirles "que vamos contra el turismo y las viviendas de uso turístico" replicando esa idea con la afirmación de que "estamos en contra de las grandes plataformas, de los fondos buitres que arramblan con todo lo que se pone en el mercado", lo que propicia "ciudades escenarios donde se está perdiendo la vida".

Gómez Corona ha reclamado a la Junta de Andalucía medidas como la modificación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Andalucía (Lista), la exigencia de una licencia para el registro de una vivienda turística en vez de una declaración responsable, que tenga una vigencia por cinco años y de esa forma ha defendido "que sería una moratoria", además de pedir "todas las licencias a revisión".

El diputado del PP Francisco Javier Oblaré ha sostenido que esas "10.500 viviendas turísticas bloqueadas esas sí de son de verdad, no la fantasmada de Sánchez", antes de cargar contra la ley de vivienda estatal por cuanto propicia que "un ocupa tenga más derechos que el propietario", mientras ha defendido que "esta Comunidad ha hecho sus deberes", convencido de que en Andalucía "hay coherencia, trabajo y seriedad".