SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno andaluz "va a solicitar la reunión urgente" del grupo de trabajo sobre financiación autonómica creado el año pasado en el Parlamento de Andalucía para "reafirmar el acuerdo alcanzado en su seno", que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Ciudadanos (Cs).
Así lo ha anunciado este miércoles el consejero andaluz de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano desde su cuenta de Twitter después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya descartado reformar el sistema de financiación en lo que queda de legislatura y anunciado que negociará mejoras económicas para cada una de las comunidades autónomas hasta la convocatoria de nuevas elecciones generales.
"El Gobierno de la Junta de Andalucía va a solicitar la reunión urgente de Grupo de Trabajo sobre Financiación Autonómica del Parlamento de Andalucía para reafirmar el acuerdo alcanzado en su seno", ha escrito Ramírez de Arellano desde la citada red social.
Previamente, el propio consejero había urgido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez a abordar "a la mayor brevedad" y en una "discusión abierta a todos" un nuevo sistema de financiación autonómica "que supere las deficiencias del actual y que perjudica muy especialmente a Andalucía", y, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, se pronunciaba en contra de la posibilidad de abordar "cambios puntuales a través de una dinámica bilateral".
Además, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido este miércoles que la forma "más transparente y más justa" para llevar a cabo la suficiencia financiera de las comunidades autónomas es el modelo de financiación autonómica, y ha confiado en que haya "sensibilidad" en el Gobierno de Pedro Sánchez para que Andalucía reciba los 4.000 millones de euros adicionales que requiere para poder financiar servicios públicos fundamentales, como la educación, la sanidad o la dependencia.
Buscar una postura común desde Andalucía entre los partidos políticos al objeto de elevarla al debate estatal para negociar un nuevo modelo de financiación fue una iniciativa que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, impulsó en el mes de septiembre del pasado año, y que terminó deparando en la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz en el que intervinieron más de una veintena de expertos y agentes sociales, varios de ellos catedráticos de las universidades andaluzas.
PROPUESTA ANDALUZA
Entre otras cuestiones, el documento aprobado a partir de la labor de dicho grupo de trabajo por el Pleno del Parlamento (con los votos de PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA, mientras que Ciudadanos lo rechazó) considera "adecuado un mecanismo de reestructuración de la deuda autonómica en manos del Estado, tomando como criterio la insuficiencia financiera sufrida por aquellas comunidades cuyos recursos del sistema actual se situasen por debajo de la media", aunque dejan claro que esta fórmula nunca puede "sustituir el necesario refuerzo de los recursos ordinarios del sistema".
Además, propone "redefinir las variables y ponderaciones que determinan la población ajustada" sobre la que se basa el modelo de financiación, incorporando un concepto de población ajustada que amplíe el tramo desde los 16 años actuales a los 18 e incorpore nuevas variables como el número de universitarios matriculados en centros públicos, incluidos los de posgrado; la tasa de paro; la población en riesgo de pobreza y exclusión social y el número de atendidos por el sistema de atención a la dependencia.
En este sentido, defienden una "nivelación total" del sistema mediante la inclusión de todos los servicios públicos derivados de competencias autonómicas homogéneas, de forma que se cumpla "un criterio de equidad tan razonable como justo: igual financiación por habitante (ajustado) para cualquier ciudadano español, con independencia de su lugar de residencia y dado un mismo esfuerzo fiscal".
En el plano fiscal, se propone mantener la cesión del 50 por ciento del IRPF y elevar los porcentajes de cesión del IVA y el de los Impuestos Especiales al 70 por ciento para cubrir la suficiencia financiera en servicios públicos fundamentales "dejando abierta la posibilidad de que la Administración General del Estado complemente recursos a través de una transferencia vertical".
En la misma línea, también defienden la "eliminación del status quo" del actual modelo de financiación autonómica, al tiempo que reclaman una "mayor transparencia en el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra sobre la base de una mayor coordinación entre el régimen común y el foral".
