López dice que "lo fácil" hubiera sido un plan de choque en valoración de discapacidad: "Reduces las listas unos meses"

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado este miércoles durante una comparecencia en el Pleno del Parlamento sobre los centros de valoración de la discapacidad, tras reconocer que "existe un problema con los centros de valoración", que "poner un parche era más rápido", de manera que "si pones un plan de choque reduces las lista de espera unos meses".

La consejera ha abogado por "tener la humildad suficiente de contar la verdad y tener los pies en el suelo" tras poner de manifiesto "la demora importante" en los centros de valoración, órganos de los que ha señalado su relevancia por el hecho de que "permiten acceder a los recursos sociales recogidos en la ley", entre los que ha mencionado los informes para determinar la discapacidad, los dictámenes para las medidas de protección social como la pensión de invalidez no contributivas o las tarjetas de aparcamiento.

"Si llego a poner el parche no estamos hablando de esto", ha sostenido la consejera de Inclusión Social, quien ha asegurado que "esa opción la ha tenido", pero ha reivindicado la apuesta por medidas estructurales que ha hecho la Dirección General de Personas con Discapacidad, así como el trabajo de otros departamentos del Gobierno andaluz, entre los que ha mencionado a Justicia, Salud y Educación.

Tras señalar a la pandemia de coronavirus como uno de los factores causantes de las demoras en las valoraciones, y por ello "las valoraciones presenciales se pararon", Loles López ha apuntado también la entrada en vigor del nuevo baremo nacional, que lleva aparejada una herramienta informática que ha obligado a trabajar en su interoperabilidad con la aplicación de la Junta.

En ese relato de las medidas estructurales tomadas en su Consejería ha apelado a la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) con la creación de 49 puestos de valoradores, "que se crean fijos en la estructura", según ha afirmado López, de los cuales ha indicado que "se les da un nivel 22 y 20 para que mañana no se vayan a otra oferta pública", mientras que ha cifrado su coste en 1,7 millones de euros anuales y colegir que se trata de "una apuesta sin precedentes".

La consejera de Inclusión Social ha apuntado la creación al equivalente de dos equipos de valoración con la incorporación de siete administrativos, cuatro médicos, dos psicólogos, dos trabajadores sociales y de otros dos médicos procedentes de una oferta de empleo, de lo que ha colegido que "éstos son medidas estructurales", a las que ha sumado otras coyunturales como la contratación de 20 grabadores de expedientes y de dos coordinadores, junto con un plan de horas extraordinarias, que ha cifrado en 3.300 horas con un coste de 157.000 euros.

La consejera de Inclusión Social ha abogado por una revisión de la metodología de trabajo de los centros de valoración de la discapacidad tras reconocer que "cada provincia es como un reino de taifa" y ha subrayado el gasto en equipamiento, donde ha incluido la compra de 281 ordenadores, 90 portátiles, 9 equipos de videoconferencia y 20 lectores de código de barra, mientras ha abogado por la digitalización de los expedientes.

LOS GRUPOS

En nombre del Grupo Popular ha intervenido la diputada Remedios Olmedo, quien ha definido el trabajo de la Consejería como "una respuesta eficaz a las personas y a las familias que padecen esta situación" y ha sostenido que "entre 2018 y 2024 el presupuesto para dependencia, envejecimiento y discapacidad se ha casi duplicado", para admitir que, pese a ello, "las necesidades sociales no siempre se cubren", mientras que ha reclamado al Grupo Socialista que apoye la creación del fondo transitorio de nivelación hasta que se resuelva la infrafinanciación de Andalucía.

El socialista José Luis Ruiz Espejo ha sostenido que en 2021 había 54.300 personas en Andalucía pendientes de valoración de su discapacidad, cifra que ha crecido hasta los 55.311 en 2022, por lo que ha subrayado que "éramos líderes en las listas de espera de personas sin valorar" y la espera media era de 322 días, el doble que en 2018.

Ha expresado su temor, a pesar de los planes del actual Gobierno andaluz y de las aportaciones que alienta en la gestión de la dependencia al decreto de simplificación administrativa que este miércoles ha convalidado el Pleno del Parlamento, a que "esta situación no cambie a mejor".

La parlamentaria de Vox Mercedes Rodríguez Tamayo, quien ha agradecido a la consejera "la humildad con que ha subido" al estrado para su comparencia, ha apelado también a que "su gobierno lleva cinco años" y, pese a reconocerle la herencia de "problemas estructurales de la época socialista", ha calificado de "inconcebible" un retraso en la valoración de la discapacidad que es de 18 meses y esos 55.000 andaluces a la espera de ese reconocimiento, al tiempo que ha subrayado como "obsceno" que en la misma jornada en el Parlamento se haya abordado "una jubilación dorada" para los expresidentes de la Junta.

El diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha sostenido, entre las disquisiciones sobre si plan de choque o estructural, que "abordamos uno de los agujeros más grandes como es la valoración de discapacidad" para poner de manifiessto que un 77% de los expedientes excede el plazo legal, que ha atribuido a "causas claras como la falta de recursos, de personal", por lo que ha planteado que "detrás de los datos están las personas de las que se están vulnerando sus derechos".