Juanma Moreno en el centro con José Antonio Nieto
Foto: EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 1 agosto 2014 13:10
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CÓRDOBA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado este viernes que no hay empresa pública de la Junta de Andalucía que "no esté salpicada por ningún escándalo", tras conocerse que el Gobierno regional dio unos 21,6 millones de euros a la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), "prescindiendo del procedimiento legal", según la Intervención General del Estado.

   En una visita al Parque Joyero de Córdoba, Moreno ha comentado que le preocupa "enormemente" la marca Andalucía, porque "cada día está más dañada", dado que, según apunta, desde que es presidente de los populares andaluces "no hay ni una sola semana en la que no hayan salpicado los casos de corrupción en Andalucía".

   Así, el dirigente del PP señala que esta situación le preocupa, "porque en términos de credibilidad de las instituciones, para la gestión y para el atractivo de la financiación es claramente negativo".

   Al respecto, critica que "al final no se fiscaliza ni se controla desde el Gobierno autonómico", donde, agrega, "se han saltado absolutamente todos los procedimientos", de manera que, a su juicio, "alguien en un gobierno democrático debería de dar alguna respuesta y responder políticamente a las acusaciones que son de alto calado y muy graves".

   De este modo, insiste en "la necesidad de que se acometa de una vez por todas" una reforma del sector público andaluz, que tiene que "tener más controles para evitar que nadie se salte, como se saltan a la torera, todos y cada unos de los procedimientos administrativos de los que dispone el ordenamiento jurídico y administrativo".

   En concreto, la Junta de Andalucía concedió una subvención de 21.673.680,62 euros a la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) para el pago de la indemnización por despido a los 349 trabajadores afectados por el ERE de 2003 "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", lo que "pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho", según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado.

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