Imagen de la acampada instalada en las Setas de Sevilla en solidaridad con el desahucio de Maricarmen. - María José López - Europa Press
SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento de Andalucía va a debatir este jueves una proposición no de ley (PNL) acerca de la 'función social y derecho a la vivienda' impulsada por el grupo Por Andalucía. En ella, la coalición insta a la Junta a tomar medidas para "evitar el desahucio de familias en situación de vulnerabilidad" así como la declaración de zonas tensionadas siguiendo la Ley de Vivienda.
En el documento consultado por Europa Press, critican la gestión de la Junta de Andalucía en la materia poniendo el foco en la ley de vivienda autonómica de la que ha asegurado que "ha propiciado la especulación". En este sentido, ha pedido al ejecutivo andaluz que modifique la normativa para "garantizar el régimen de protección pública indefinida de viviendas protegidas, impidiendo su descalificación e incorporación al mercado libre".
La coalición reclama medidas que "impidan a las entidades jurídicas que adquieran viviendas destinarlas a operaciones especulativas mediante su reventa". En esta línea, ha exigido "excluir de las ayudas, subvenciones, avales, aportaciones de suelo y demás instrumentos de apoyo público en materia de vivienda a fondos de inversión, SOCIMI, grandes tenedores y sociedades o entidades cuya actividad consista en la adquisición y explotación de viviendas con finalidad especulativa".
La PNL pone el foco especialmente en la protección ante los desahucios, instando a la Junta a tomar medidas para "evitar el desahucio de familias residentes en viviendas del parque público que estén en situación de vulnerabilidad y carezcan de alternativa habitacional".
En este sentido, el texto recoge una petición para "reforzar los mecanismos de prevención de los desahucios y de protección de las familias en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial, garantizando una respuesta pública efectiva ante los procedimientos derivados de dificultades económicas y otras situaciones de vulnerabilidad".
"Para ello, impulsará la coordinación entre los servicios sociales autonómicos y municipales, priorizará el acceso a los recursos habitacionales públicos disponibles y establecerá mecanismos de colaboración con los órganos judiciales competentes para facilitarles, en el marco de sus respectivas competencias y con respeto a la normativa de protección de datos, información social actualizada sobre la situación de las familias afectadas y las alternativas habitacionales existentes, contribuyendo a la aplicación efectiva de las garantías legales y a evitar la ejecución de lanzamientos cuando legalmente proceda su suspensión", ha explicado.
Asimismo, Por Andalucía ha reclamado la puesta en marcha de una red de Oficinas en Defensa del Derecho a la Vivienda "para ofrecer atención integral a las personas y familias en riesgo de desahucio, vulnerabilidad habitacional o acoso residencial".
"La inacción del gobierno andaluz ha disparado la especulación al permitir que más de 100.000 viviendas en Andalucía construidas para residencia habitual y permanente pasen a ser usadas como viviendas turísticas. Se trata de hacer negocio con el derecho a techo, expulsando a las vecinas de sus barrios, convirtiendo los centros históricos de muchas ciudades de Andalucía en parques temáticos donde la vida no es posible", ha señalado la iniciativa que pide la implementación de las zonas tensionadas.
Ante esta situación, Por Andalucía hace una defensa del 'Decreto MariCarmen' impulsado por el Gobierno central así como de la huelga general del 11 de noviembre y las movilizaciones en pro del derecho de la vivienda.
"La vivienda y la ciudad no son un activo económico, es el espacio donde se construye un proyecto de vida, se cuida a la familia y se sostienen los vínculos de nuestros barrios y comunidades. Garantizar este derecho exige situar la función social de las viviendas, el derecho a la vivienda e impedir la especulación en el centro de la política", ha concluido la PNL.
