CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Nieto, descartó hoy hacer "un escándalo municipal" por la anulación de la multa al empresario Rafael Gómez, aunque reconoció que a su partido "a lo mejor le interesaba hacerlo de otra manera porque electoralmente sería rentable".
En rueda de prensa, Nieto se refirió así al fallo de un juzgado que anula por caducidad el expediente por el que el Consistorio sancionó 24,6 millones al empresario Rafael Gómez por construir ilegalmente las naves de Colecor. Añadió que "cuando esto se encarrile el PP pedirá responsabilidades o lo harán los cordobeses en las urnas".
Según dijo, "la mayor responsabilidad que se puede pedir es que las cosas se hagan bien y en este momento abrir una crisis municipal, parecería perjudicial para la ciudad, aunque es legítimo y electoralmente sería rentable".
El PP ha valorado "todas las posibilidades" y cree que "la más responsable es poner por encima de los intereses del partido los de la ciudad, ya que no sería bueno generar ahora esa crisis, provocar dimisiones y exigir dimisiones concretas".
Para Nieto, esta situación supone "un nuevo revés judicial al gobierno de la ciudad y es la crónica de una derrota anunciada, que nació de un escándalo y de una pasividad inexplicable del gobierno de Rosa Aguilar (IU), que no veía lo que todos los cordobeses".
Los populares pedirán que "las cosas se hagan nuevamente, bien y con transparencia absoluta". Exigirán que "en Córdoba quede garantizada la legalidad urbanística" y no van a permitir que "las arcas municipales de la ciudad, ya de por sí muy castigadas, tengan ese agujero negro que podría suponer la pérdida de los ingresos derivados de esta sanción".
De hecho, la delegación de Hacienda del Ayuntamiento en un informe sobre la liquidación de las cuentas de 2007 hablaba de sus expectativas de recaudar 12,6 millones de esta multa, por lo que al no poder recibirse, Nieto consideró que las arcas municipales estarían "en bancarrota". Añadió que perder esos 24,6 millones de euros es "un quebranto económico que no puede asumir el Ayuntamiento".
Pero insistió en que "Córdoba no puede permitirse abrir a raíz de esta sentencia un nuevo escándalo, un nuevo proceso donde al final alguien inevitablemente tuviera que asumir alguna responsabilidad". Eso se deberá hacer en otro momento, más adelante, en 2011 --subrayó-- cuando los cordobeses voten en las urnas y exijan esa responsabilidad a quien le corresponde".
Explicó que "la sentencia establece el camino que se tiene que seguir para que no vuelvan a producirse situaciones así" y exigió que antes del día 28 de marzo se inicie el nuevo expediente y no se vuelva a repetir lo que se ha hecho mal.