Presidente del TSJA alude a una "epidemia judicial" ante la sobrecarga de asuntos que persiste en los juzgados andaluces

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria de 2025.

- EUROPA PRESS

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía vuelve a situarse un año más entre las comunidades con mayor tasa de litigiosidad de España y es que aunque en 2025 el ingreso de asuntos disminuyó ligeramente --un dos por ciento-- hasta alcanzar los 1.399.188, persiste una gran judicialización de asuntos y una sobrecarga en los juzgados andaluces difícil de rebajar con la actual plantilla de jueces.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha ofrecido estos datos durante la presentación este jueves en la Real Chancillería de Granada de la memoria anual del TSJA correspondiente a 2025, donde ha reconocido que la justicia andaluza está "muy tensionada" en lo que ha calificado de "epidemia judicial" ante esta carga de trabajo.

Y es que el volumen de asuntos pendientes se ha incrementado en el ámbito del TSJA en una década en un 76 por ciento, un atasco "sumamente llamativo y preocupante" que además impide mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.

Lorenzo del Río ha advertido de que para salir de la actual situación deben aumentar los medios y, "significativamente", la planta judicial con al menos 192 nuevas plazas.

Concretamente, los tribunales andaluces ingresaron el año pasado 1.399.188 asuntos frente a los 1.434.551 del año anterior, lo que revela que ha disminuido ligeramente el nivel total de litigiosidad.

Baja concretamente en los órdenes jurisdiccionales Civil, Social y Contencioso-Administrativo y aumenta, también ligeramente, en la jurisdicción Penal, que se incrementó en un 1,5 por ciento.

Andalucía vuelve así a estar en niveles altos de litigiosidad de España y la tasa de asuntos ingresados supera en un 2,8 por ciento a la media estatal.

Los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo, en concreto el 52 por ciento del total; el porcentaje relativo a la jurisdicción Civil supone un 39 por ciento del total, la jurisdicción Social representa un siete por ciento y la jurisdicción Contencioso-administrativa, un 2 por ciento del total de asuntos ingresados.

La memoria indica que la situación general no ha cambiado con relación a años anteriores. Así, pese al leve descenso de la litigiosidad, persiste la gran judicialización de asuntos y se genera una sobrecarga de trabajo en los órganos judiciales, con lo que el "mandato constitucional de una justicia en plazos razonables constituye un objetivo que no se percibe cercano", lamenta Lorenzo del Río.

En este contexto, el TSJA mantiene la confianza en que den sus frutos las medidas implantadas durante 2025 en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, al considerar "imprescindible", al lado de la propia jurisdicción, la coexistencia de otros medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

CIFRA RÉCORD DE ASUNTOS PENDIENTES

Aunque durante 2025 los órganos judiciales resolvieron 1.393.375 asuntos (un 4 por ciento más que el año anterior), quedan pendientes al final del año un total de 870.003 asuntos.

La tasa de resolución ha sido del 0,99, cifra que indica laboriosidad con carácter general. Así, aunque durante 2025 prácticamente se ha resuelto lo mismo que se ha ingresado, la pendencia continúa siendo muy importante.

Por otra parte, el total de asuntos de ejecución ingresados durante 2025, sumadas todas las jurisdicciones, ha sido de 214.602. De ellos, el 58 por ciento en el orden civil, el 35 por ciento en el penal, el uno por ciento en el contencioso-administrativo y el seis por ciento en el social.

El número de ejecuciones resueltas ha sido de 213.840 y, por tanto, el número de ejecuciones resueltas no supera el número de las ingresadas, aumentando las ejecutorias pendientes.

En este sentido, las ejecutorias pendientes a final de 2025 se sitúan en una cifra elevada, 577.966 lo que supone un ocho por ciento mas que el año anterior.

El presidente del TSJA se ha referido además a la "lentitud" en la ejecución de las resoluciones judiciales que retiene el cobro de cantidades ingentes de dinero, de forma que la demora ejecutiva traspasa el ámbito individual para "impactar de lleno en la economía por la evidente paralización de millones de euros".

Lorenzo del Río confía en todo caso en que las novedades organizativas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en concreto la generalización de Servicios Comunes de Ejecución Procesal (SCEJ) contribuyan a esa deseada mejora de la pendencia de las ejecuciones.

En términos generales, el presidente del alto tribunal andaluz opina que los datos estadísticos de 2025 conducen a unas conclusiones "negativas y similares a los últimos años", puesto que la justicia andaluza sigue en cifras llamativas de pendencia y dilaciones, contexto que, según ha lamentado, deja una "percepción inevitable" en la sociedad de una justicia "lenta y poco eficiente".