SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A ha urgido este martes al Ejecutivo andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) a explicar si tiene previsto privatizar el servicio de inspección técnica de vehículos (ITV) de la comunidad autónoma, toda vez que ha avisado que en otras regiones con ese modelo se han producido "sobrefacturación, precios abusivos y adjudicaciones a amigos del Gobierno".
Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista y delegado de Universidades del PSOE-A, Antonio Ramírez de Arellano, al ser preguntado por la información de 'El Confidencial' según la cual Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), la empresa pública que monopoliza el servicio de ITV en la comunidad, se prepara para su privatización. En esta clave se interpreta en el sector la decisión del Gobierno andaluz de traspasar Veiasa, hasta ahora dependiente de la agencia IDEA integrada en la Consejería de Economía, a Hacienda.
Al respecto, el socialista ha explicado que la empresa pública supone un activo de más de cien millones y que aporta un beneficio de más de 15 millones al año, pero además "ofrece un servicio homogéneo en toda la comunidad, de calidad y con garantías", así como ha incidido en que "para evitar lo ocurrido en Valencia o Cataluña, con sobrefacturación, precios abusivos y adjudicaciones a amigos, en su día la Junta no renovó las concesiones y constituyó una empresa pública eficiente y que funciona bien".
"Si estas son las intenciones del Gobierno andaluz, tiene que dar muchas explicaciones y hablar con los trabajadores públicos", ha agregado Ramírez de Arellano, que también pide al PP-A y a Cs que expliquen cómo van a evitar que sucedan este tipo de cuestiones ocurridas en Valencia o Cataluña para que los andaluces "no sufran sobrefacturación, precios abusivos y que se vinculen las ITV a amigos del Gobierno".
Ha explicado que los socialistas están en contacto con los trabajadores y que defenderán que esta cuestión funcione "con la transparencia debida", si bien sospecha que el Gobierno autonómico "usa el ruido preelectoral para intentar ocultar" este caso y así "evitar dar explicaciones".
"No se puede consentir que la Junta esté pensando regalarle beneficio alguno a nadie cuando ha costado tanto tener una entidad solvente, fiable y que es referente a nivel nacional", ha agregado Ramírez de Arellano, que también ha destacado que esta empresa es "una entidad fundamental para la economía andaluza" y que "no cabe generar sobre ella incertidumbres que la perjudiquen".