JAÉN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Royal Menú Catering, la empresa encargada hasta el pasado 14 de octubre de prestar el servicio de comedor escolar en 37 colegios de la provincia de Jaén, sostiene que la verdadera razón por la que no hay empresas interesadas en hacerse cargo del servicio es porque "los lotes tan atractivos que según la Delegación pone a disposición de los concursos públicos sólo dan pérdidas económicas de cuantiosa consideración".
Ésta, según sostiene en un comunicado la gerente de Royal Menú Catering, Rosario Martos, es la única razón por la que "ninguna empresa se ha quedado con los comedores", al igual que ocurrirá con más lotes que, según Martos, se quedarán "desiertos" en el conjunto de Andalucía. En este sentido, apunta que los datos económicos aportados por la Junta sobre Royal Menú son "falsos" y no son la causa del desinterés de las empresas.
Subraya que De los 40 colegios que han salido en el concurso en Jaén "existe una desviación real de usuarios de comedor en algunos casos de hasta un 280 por ciento entre lo que muestra el análisis de explotación que ustedes publican y los usuarios que realmente van".
Añade que "donde ofrecen un comedor de 81 usuarios diarios que van a utilizar el servicio, realmente asisten 29 usuarios, de los cuales tienen una bonificación media de un 95,55 por ciento en la mayoría de los casos".
Esto, según la gerente, es "un desastre económico para cualquier empresa que licita y después descubre que los contratos están inflados, que no se ajustan a la realidad y provocan un desequilibrio económico a cualquier empresa que asuma esas condiciones".
A ello se le suma "la resolución tardía de las bonificaciones definitivas a aplicar a las familia, que nos hacen a las empresas financiar durante casi cuatro meses los comedores escolares".
La gerente recuerda a la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano, que esta es la única realidad y que se resume en que
"las empresas no pueden asumir estos concursos sin verse seriamente perjudicado su equilibrio financiero".
"Nuestra empresa desde la responsabilidad que nos atañe, no nos permite moral y económicamente seguir prestando un servicio para beneficiar exclusivamente a la Administración y perjudicar al usuario por la falta de recursos que nos proporcionan que a su vez contribuyen a descapitalizar a las empresas y perjudicar a sus trabajadores", señala el escrito.
Asimismo, alude a que la licitación actual incluye una cláusula en el pliego de prescripciones del referido expediente, que avalan mediante crédito para financiar las obligaciones derivadas del referido contrato, "detalle que hubiéramos agradecido esta empresa cuando tuvimos que asumir las obligaciones de otras empresas salientes en otros contratos".
Rosario Martos finaliza su escrito pidiendo a los responsables de la Junta que "digan la verdad y dejen de atacar a nuestra empresa". También les insta a asumir su responsabilidad y a "poner los medios necesarios para prestar un servicio de calidad entre usuarios, trabajadores y empresas".