Sindicato docente advierte aún de pagos "pendientes" en la retribución a los tribunales de oposiciones 2024 en Andalucía

Imagen difundida por DxP en el que se caracteriza a la Junta como 'Cobrador del Frac' .

- DXP

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Docentes por la Pública (DxP) ha llevado a cabo una acción "simbólica" de denuncia contra la sede de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en Torretriana (Sevilla), ante la situación que, según ha advertido, "siguen padeciendo numerosos presidentes y vocales de los tribunales de las oposiciones docentes celebradas en 2024", quienes, a día de hoy, "no han percibido las dietas ni, en algunos casos, las retribuciones correspondientes al desempeño de dicha función".

Para visibilizar "este grave incumplimiento institucional", ha incidido el sindicato en un comunicado, se ha difundido una imagen en la que un representante aparece caracterizado como el popular 'Cobrador del Frac', en alusión directa "a la morosidad de la administración educativa andaluza".

Todo ello, afirma, "se produce en un contexto especialmente alarmante: ya se ha iniciado formalmente el procedimiento de oposiciones 2025, y la Consejería ha notificado recientemente a las presidencias y suplencias de los nuevos tribunales, sin haber resuelto aún las compensaciones pendientes del proceso anterior".

Según DXP, "aunque en los últimos días se han realizado algunos abonos parciales, la gran mayoría del profesorado implicado en los tribunales de 2024 continúa sin cobrar lo que le corresponde por derecho, lo que supone una vulneración directa de la normativa vigente".

En concreto, ha defendido que "el derecho a indemnización por razón del servicio está regulado por el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, y el Decreto 157/2007, de 29 de mayo, que establece un sistema de asignación económica por categorías de tribunal y distribución proporcional entre los miembros según su participación. A ello "se suma la Orden de 11 de julio de 2006, que fija los importes de las dietas por alojamiento y manutención, y la reciente Orden de 11 de marzo de 2024, que actualiza la cuantía del kilometraje hasta los 0,26 euros/km para vehículos particulares".

Este marco normativo "obliga a la Junta de Andalucía a resarcir a los miembros de los tribunales conforme a su implicación y a los gastos derivados de su colaboración, lo que, en muchos casos, no se está cumpliendo", ha afirmado el sindicato.

A esta situación, denuncia, "se suma el creciente malestar del profesorado ante la sobrecarga que supone participar en los tribunales de oposición". Así, señala que "cada vez son más los docentes que no desean ser convocados como presidentes o vocales, conscientes de que esta responsabilidad conlleva una exigencia desmedida, una retribución insuficiente y un esfuerzo que, en demasiadas ocasiones, ni se valora ni se paga a tiempo".

Y es que los tribunales "implican semanas de preparación, sesiones prolongadas, desplazamientos constantes y decisiones de alta responsabilidad, que no cuentan con el reconocimiento institucional que merecen". Esta realidad, en palabras del sindicato, "está generando una desafección creciente hacia la participación en los procesos selectivos, lo que pone en peligro un modelo basado en la profesionalidad y la experiencia del propio cuerpo docente".

Por todo ello, DxP critica "la falta de transparencia en los plazos de pago, la ausencia de respuestas firmes por parte de la Consejería, y la desconsideración hacia el profesorado que ha garantizado la legalidad y el correcto desarrollo del proceso selectivo". De este modo, reclama "con firmeza" el "abono inmediato de todas las dietas y retribuciones aún pendientes, así como la publicación de un procedimiento claro y transparente que establezca los plazos y mecanismos de pago". También exige a la Administración "un compromiso formal y público" que garantice que "situaciones como la vivida en el proceso de 2024 no vuelvan a repetirse en las oposiciones de 2025".

ACUSAN "DESPRECIO INSTITUCIONAL"

Delia Muro, secretaria general de Docentes por la Pública, ha señalado que "la falta de pago no solo es una irregularidad contable, sino una muestra evidente de desprecio institucional hacia quienes, con responsabilidad y profesionalidad, han sostenido uno de los pilares fundamentales del sistema: la selección del profesorado de la pública". Desde el sindicato advierten que no se trata de una queja aislada, sino de un problema estructural que compromete la confianza del profesorado en el sistema. "Si no hay garantías, no habrá disposición", insisten desde su equipo de coordinación.

Por su parte, Esther Padua, responsable de organización del sindicato, ha afirmado: "Nos resulta inaceptable que se pretenda activar el engranaje del proceso 2025 sin haber cerrado dignamente el 2024. Si no hay respuesta inmediata, intensificaremos las acciones de presión hasta que se regularice la situación de cada docente afectado".