JAÉN, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha acordado la suspensión del juicio previsto para este lunes por una supuesta trama fraudulenta de compraventa de móviles por, entre otra cuestiones, el elevado número de acusados, un total de 22, de abogados, y de testigos, lo que impide garantizar las medidas de seguridad anticovid en la sala, sobre todo en lo que respecta a las distancias.
Otro de los motivos que también ha pesado a la hora de suspender el juicio ha sido la imposibilidad de un abogado de desplazarse desde Galicia hasta Jaén por encontrarse confinado, y el de una de las letradas que está embarazada. Todo un cúmulo de circunstancias que ha llevado al tribunal ha suspender la vista sin que haya fijado una nueva fecha para su celebración.
Un total de 22 personas estaban llamadas este lunes a sentarse en el banquillo de la Audiencia de Jaén, acusados de formar parte de una trama dedicada a la adquisición y venta fraudulenta de terminales de telefonía móvil. A la cabeza de la supuesta trama se encuentra M.A.P.H., el que fuera concursante de Gran Hermano 8 y que fue detenido en Rus (Jaén) en junio de 2016 por esta causa que ahora se juzga.
El juicio estaba previsto que se celebrara el pasado mes de marzo, pero fue suspendido después de que a última hora cuatro de los 22 encausados, entre ellos el supuesto cabecilla de la trama, renunciaran a su abogado defensor esgrimiendo pérdida de confianza.
El principal encausado, M.A.P.H., el que fuera concursante de Gran Hermano 8 y que fue detenido en Rus en junio de 2016, declaró ante el tribunal que había perdido la confianza en su letrado después de conocer que éste se había reunido con el Ministerio Fiscal para intentar llegar a un acuerdo de conformidad que implica reconocer su culpabilidad a cambio de una rebaja en las penas.
"Yo me considero inocente, no confío en él y me siento indefenso", dijo M.A.P.H. en marzo cuando la presidenta del tribunal le pidió que explique las razones de renunciar a su abogado. Igualmente, los otros tres acusados aludieron a la pérdida de confianza como motivo para renunciar a su defensa.
Con la suspensión de este lunes son ya dos los intentos para juzgar supuesta trama que fue descubierta en 2016 a través de una operación desarrollada por la Guardia Civil y que fue bautizada como Krake. Hubo decenas de detenciones y casi cuatro años después los acusados se sentarán en el banquillo para responder de los delitos de estafa y falsedad.
La investigación desarrollada por la Guardia Civil señalaba que M.A.P.H., de 42 años, tenía relaciones con comerciales que trabajaban en varios municipios por todo el país dedicados a captar clientes de telefonía y los que se ofrecía la posibilidad de reducir su factura de móvil y obtener terminales a buenos precios.
Para tramitar el contrato, los vendedores tenían que conseguir sus datos personales, facturas y números de cuenta. Una vez dado este paso, otros miembros de la red, trabajadores de compañías que operan en el mercado, simulaban que eran clientes que querían darse de baja. Es lo que se conoce como 'falsa portabilidad'. Entonces, para evitar su marcha, las operadores les ofrecían descuentos y teléfonos.
Sin embargo, esos terminales nunca llegaban a los clientes sino que, según la Guardia Civil, iban a parar a la tienda del principal acusado en Rus y que supuestamente ponía a la venta a través de dos páginas webs y de anuncios.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, consultado por Europa Press, este modo de actuar supuso un perjuicio económico de más de 69.000 euros a dos compañías de telefonía móvil que operan en España.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal reclama una condena de nueve años de prisión y multa de 27.000 euros para M.A.P.H. como presunto autor de un delito continuado de estafa y otro de falsedad. Para 16 de los acusados solicita pena de tres años de prisión y multa de 3.600 euros por la supuesta estafa, mientras que para los cinco restantes pide un año de cárcel como presuntos cómplices de un delito de falsedad.
En esta causa están llamados a declarar 36 testigos, todos ellos víctimas que supuestamente fueron utilizadas por los acusados para hacer gestiones en su nombre con el fin de recibir móviles que luego revendían.
