GRANADA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El técnico del Ayuntamiento de Gójar (Granada) que calificó las licencias de construcción de las tres casetas de aperos por las que está siendo enjuiciado el alcalde del municipio, el 'popular' Francisco Javier Maldonado, ha negado que modificara su criterio sobre el artículo a aplicar en ese caso, relativo al suelo no urbanizable del término municipal.
Según han informado a Europa Press fuentes del caso, el funcionario, que ha sido el primero en testificar en el juicio que se sigue contra Maldonado y siete personas más, ha explicado que denegó las licencias porque incumplían el artículo 341 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, desmintiendo que cometiera un error al aplicar este artículo, en contra de lo argumentado en la primera sesión por el alcalde, que aseguró que debería haber puesto el 345.
Asimismo, según las fuentes, ha señalado que no tuvo conocimiento de que el nuevo PGOU del municipio había incluido una modificación de ese artículo hasta después de noviembre de 2008, cuando ya se estaba instruyendo este caso, por el que el alcalde se enfrenta a 10 años de prisión y 14 de inhabilitación por la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio, otro de falsificación en documento público y un tercero falsificación en documento oficial.
Además, tras él ha comparecido también como testigo uno de los secretarios municipales, que ha ratificado ante la Sala de la Sección Segunda de la Audiencia que el documento firmado por otro de los acusados, el arquitecto contratado para la redacción del PGOU, sobre la modificación del 341 "nunca ha estado en el Ayuntamiento".
También el agente del Seprona que hizo un informe sobre la concesión de las licencias ha confirmado que "efectivamente hubo una forma ilegal de introducir la modificación del 341, dado que la calificación de suelo no urbanizable ya había sido aprobada definitivamente en julio de 2003, y no había por tanto posibilidad de cambio, como finalmente se produjo en septiembre del mismo año", según las fuentes.
El juicio continuará este jueves con las pruebas periciales, que incluyen a los expertos de la Comisión Provincial de Urbanismo que dio luz verde al PGOU de Gójar, después de un receso este miércoles. Así, las sesiones podrían darse por concluidas este mismo jueves o, a lo sumo, el viernes.
Durante la primera jornada, el alcalde atribuyó a una "cascada de errores" la concesión supuestamente irregular de las licencias de obra para la construcción de tres casetas de aperos por las que está siendo enjuiciado, que se derivaron del fallo cometido por un técnico en la transcripción del acta de la Comisión de Urbanismo.
La Fiscalía Provincial de Granada le atribuye también la modificación del sentido de un informe técnico para darle legalidad a esas licencias, y la alteración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), asuntos por los que también están imputadas otras siete personas más, entre las que se encuentra el entonces concejal en la oposición, que al mandato siguiente sería alcalde, Pedro Clavero (PSOE).
Además de Clavero, se sientan en el banquillo el que fuera primer teniente de alcalde, Eduardo Rodríguez Fernández, la actual concejal de Vivienda --entonces de Urbanismo--, Belén Carretero, el edil Pedro Morillas --hoy responsable del área de Economía y Urbanismo--, el arquitecto técnico municipal, la secretaria del Ayuntamiento y el secretario habilitado.
LA ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
Según la acusación pública, en la Comisión de Urbanismo de 2003, el alcalde, y otros cinco concejales más --entre ellos Clavero-- resolvieron unánimemente emitir dictamen favorable a la concesión de las licencias para la construcción de tres casetas de aperos pese a que las parcelas no tenían la superficie mínima exigida para poder edificar en ellas, en contra de lo que había advertido el técnico municipal, y sin el informe jurídico preceptivo.
Posteriormente, dictó una resolución el 8 de enero de 2004, redactada por el secretario habilitado en el Ayuntamiento durante esas fechas, en la que, además de conceder las licencias "a sabiendas" de que eran irregulares, hizo constar que los informes técnicos habían sido favorables "para simular una apariencia de legalidad".
Durante la tramitación del PGOU, Maldonado dio lectura en todos los plenos de la Comisión de Urbanismo y de la corporación local de los informes emitidos por el arquitecto municipal, también procesado, en los cuales incluyó una alteración que avalaba la concesión de las licencias presuntamente irregulares de las casetas de aperos.
El PGOU es aprobado provisionalmente por el pleno el 23 de mayo de 2003, y definitivamente en noviembre de ese año, después de que el arquitecto técnico presentar un informe sobre los cambios realizados en el PGOU sin mencionar el que incluía la alteración mencionada.
Todas estas actuaciones, según el fiscal, se llevaron a cabo con el conocimiento de la secretaria del Ayuntamiento de Gójar, "que dejó de cumplir con sus obligaciones, ya que, como garante del cumplimiento de la ley, debería haber certificado y contrastado que todo tenía su aporte jurídico y documental".
Por todo, los cuatro ediles se enfrentan a inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años, y un año de prisión por un posible delito contra la ordenación del territorio. El secretario habilitado, a cuatro años y medio de cárcel e inhabilitación por tres años por supuesta falsificación en documento público, y a la misma pena el arquitecto técnico y la secretaria del Ayuntamiento, por falsificación en documento oficial.
