Tribunal de Cuentas condena a Juan Márquez y a una empresa a reintegrar 942.000 euros por una ayuda de los ERE

El ex director general de Trabajo de la Junta Juan Márquez
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Publicado 25/10/2018 15:14:36CET

SEVILLA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha declarado responsables contables directos y subsidiarios al ex director general de Trabajo Juan Márquez y a Antonio Gálvez Peluqueros S.L. del menoscabo causado a los fondos públicos de la Junta y por ello les condenas al reintegro de 942.844,27 euros, intereses incluidos, por la ayuda sociolaboral, en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, concedida por la Dirección General de Trabajo en enero de 2010 a la citada empresa.

El Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en la sentencia, cuya ponente ha sido Margarita Mariscal de Gante y a la que ha tenido acceso Europa Press, condena como responsables contables directos y subsidiarios a Márquez y a la empresa al pago de 862.500 euros de la ayuda concedida y 80.344 euros de intereses, al tiempo que desestima la demanda de la Junta en cuanto a las pretensiones dirigidas contra A.S.M. y A.G.B., administradores de la sociedad, como responsables contables subsidiarios.

Este sentencia, con fecha de 1 de octubre, vuelve a condenar a Márquez en un procedimiento de reintegro por alcance del Tribunal de Cuentas tras la demanda de la Junta de Andalucía, como ya sucediera, entre otros, en el caso de la ayuda a Astilleros o la más reciente de la Asociación de Faja Pirítica de Huelva, en ambos casos y en este que nos ocupa Juan Márquez se declaró en rebeldía.

El pasado 9 de julio se celebró el juicio por la demanda de la Junta, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal. En los hechos probados, el tribunal expone que el 15 de septiembre de 2009 Márquez, como director general de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, firmó la denominada memoria justificativa de la finalidad pública e interés social y económico de la ayuda
sociolaboral a Antonio Gálvez Peluqueros, señalando que se les adeudaba a los trabajadores las nóminas de "mayo, junio, julio y agosto".

Tras presentar la sociedad en octubre del mismo año un escrito para solicitar la ayuda pública sociolaboral de carácter excepcional por importe de 2.160.000 euros, el 15 enero de 2010 Márquez firmó una resolución para la concesión de la misma por importe de 1.150.000 euros a 207 trabajadores para gastos de personal y mantenimiento de la viabilidad de la actividad económica, encomendando el pago a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a una cuenta titularidad de la referida empresa.

Se acordó que se haría un primer pago del 75 por ciento de la ayuda concedida, 862.500 euros, con una justificación diferida de hasta doce meses desde el ingreso, y otro del 25 por ciento restante tras la justificación del pago anterior. El 12 de febrero IDEA ordenó la transferencia de esa cantidad a la empresa con cargo a los fondos recibidos del programa presupuestario 31L de la Dirección General de Trabajo.

Los hechos que aquí se investigan fueron ya analizados por el Tribunal de Cuentas, basándose en el informe de fiscalización de las ayudas de los ERE entre 2001 y 2010 de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 2012, que, entre otras cuestiones, concluye que "hasta el ejercicio 2010 se han otorgado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto".

De otro lado, la sentencia indica que desde la perspectiva de la responsabilidad contable, el pago con fondos públicos realizado "prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto y con absoluto desprecio de la normativa aplicable en materia de gasto público, constituye un hecho dañoso para los fondos públicos que debe ser calificado como alcance o malversación".

AYUDA "SIN JUSTIFICACIÓN REAL ALGUNA"

La demanda de la Junta se basa en la concesión y pago de una ayuda por importe total de 1.150.000 euros, de los que fueron abonados 862.500 euros, autorizada por Márquez como director general de Trabajo y que "bajo una apariencia formal se escondió la concesión de una ayuda sin justificación real alguna". La mercantil, que recibió la ayuda, "contribuyó de modo voluntario y consciente a falsear el expediente para obtener un enriquecimiento ilícito", para la Junta.

Por ello, considera la Junta que se ha producido un menoscabo en los fondos públicos de 942.844,27 euros, resultante de sumar a los 862.500 euros de la ayuda los intereses legales devengados hasta la fecha de la liquidación provisional, considerando responsables contables directos y solidarios de dicho menoscabo a Márquez y Antonio Gálvez Peluqueros S.L..

Para el Tribunal de Cuentas el daño a los fondos de la Junta "ha quedado suficientemente probado en el procedimiento". Además, las actuaciones ponen de manifiesto que los pagos a la empresa "carecen de justificación y de cobertura legal, al haberse realizado sin cumplir los requisitos ni seguir los procedimientos establecidos en la legislación reguladora de las subvenciones y ayudas públicas".

El pago se hizo con cargo al programa presupuestario 31L 'Administración de las Relaciones Laborales' destinado a la gestión de ayudas sociolaborales, sin embargo la consejería "utilizó este programa para disponer de un conjunto de créditos, entre los que están los de la ayuda a Antonio Gálvez Peluqueros, cuya ejecución supuso la realización de aportaciones dinerarias de carácter gratuito amparándose en la naturaleza subvencional de los mismos".

La Administración Autonómica "no realizó un diseño previo de las ayudas por lo que no se establecieron los requisitos exigidos". Tampoco existió una convocatoria pública para la concesión de la ayuda siendo entregados los fondos públicos de forma directa.

La Junta podría conceder las ayudas de forma directa, pudiendo utilizar sólo este procedimiento en alguno de los supuestos previstos en la Ley General de Subvenciones, acreditando razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. En el caso enjuiciado, no se justificaron de forma alguna las razones por las que no se utilizó el régimen general de concurrencia competitiva.

Se constata, en definitiva, "una absoluta carencia de base" para la concesión de una subvención excepcional por falta de acreditación con la solicitud y de justificación en la memoria de las razones de interés público, social, económico, humanitario, etc., en las que se fundamentó la petición. "En las circunstancias indicadas no debió dictarse resolución de concesión de la ayuda, lo que basta para considerar contraria a Derecho dicha concesión.

Además, el Tribunal de Cuentas señala que aunque la resolución designaba como beneficiarios a los trabajadores, el importe de la ayuda fue transferido a la empresa. Constituye asimismo una irregularidad relevante la omisión de la fiscalización previa por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía de la concesión y pago de las ayudas.

LA JUNTA USA EL INFORME DE LA IGAE EN LA DEMANDA

Además del expediente administrativo, la Junta a este procedimiento el informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a solicitud de la juez instructora de los ERE Mercedes Alaya en el que se analiza la misma ayuda que es objeto de este procedimiento. Informes que han sido debatido estos días en el juicio de la pieza política de los ERE y que concluyen "estas subvención fue concedida prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Por último, el Tribunal de Cuentas manifiesta que "la situación de quebranto económico para los trabajadores derivada de retrasos en el pago del salario no pone de manifiesto por sí solo la existencia de razones de interés público, social, económico o humanitario que justifiquen la concesión de ayudas públicas excepcionales". La protección de los trabajadores frente a estas situaciones tiene unos cauces ordinarios como el subsidio de desempleo o el Fogasa.