SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Vox ha acusado este viernes al Gobierno andaluz de "vendernos un falso consenso" en torno a la nueva Ley de Función Pública, la cual "los populares sólo han negociado y acordado, siguiendo la estela del PSOE, con los sindicatos de clase UGT y CCOO, dejando fuera al resto de agentes sociales incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la nueva regulación y que ni siquiera han sido convocados ante una regulación que les afecta de forma frontal".
En un comunicado, el diputado de Vox y presidente de la Comisión de Función Pública del Parlamento, Benito Morillo, ha destacado el hecho de que, entre otros, "el Gobierno del PP no se ha reunido ni tan siquiera con el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), organización que representa legítimamente los intereses del 60% del total de los funcionarios de la administración general de la Junta, a los que el Ejecutivo ha abandonado".
Sin embargo, según ha añadido, "asistimos perplejos a cómo el Gobierno de Andalucía alardea y celebra constantemente un supuesto consenso alcanzado en la redacción del proyecto de Ley de Función Pública, que es tan irreal como falso".
Como ha aseverado Morillo, "este hecho no hace más que viciar de origen la legitimidad de esta ley", pues "únicamente ha contado en su proceso de redacción con la negociación efectiva de sindicatos que poco o nada conocen la materia a regular, ni mucho menos, representan legítimamente los intereses sindicales de los trabajadores", como bien muestran las sentencias judiciales "condenatorias que sobre los mismos recaen".
Para el diputado de Vox, "llama poderosamente la atención" que sea el mismo Gobierno el que pretende públicamente cambiar la legislación vigente en materia de representación institucional, y que haya incluido la materia de dialogo social en una de sus consejerías, mientras se "relega a un plano absolutamente irrisorio a los representantes sindicales de los principales actores afectados".
Según ha añadido, en una región como la nuestra, en la que "se han perpetrado las mayores atrocidades en materia de función pública" y en la que las potestades públicas han sido "absolutamente usurpadas durante décadas, resulta inconcebible que no se cuente con el aval de aquellos que mejor conocen la administración y sin duda, unos de los actores que más han sufrido el desmantelamiento de nuestra administración durante décadas y los vicios de la administración paralela".
