SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las 480 escuelas infantiles de la provincia de Sevilla, así como sus 3.600 trabajadoras y empresarias --el 95 por ciento del sector lo conforman mujeres-- esperan una solución que les permita "sobrevivir", tras la situación sobrevenida por la crisis del coronavirus.
"Es necesario que desde la Consejería de Educación se desarrollen los presupuestos que ya estaban previstos y aprobados en este curso escolar, ya que es la única manera que se podría mantener el empleo y la continuidad de los centros", informa en un comunicado la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas.
Desde la entidad se ha calificado de "intolerable" que la Junta reduzca en un 65 por ciento la aportación por alumno a los centros de primer ciclo de Educación Infantil. El último decreto aprobado en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, según señala el comunicado, deja la aportación de la Administración en 180 euros por la atención socioeducativa de cada alumno, cuando actualmente era de 278,88 euros; y está previsto que para el próximo curso suba hasta los 320,71 euros.
La asociación ha asegurado que los profesionales ven "incomprensible" que, ante la confección de un decreto de ayudas económicas y laborales "no se hayan tenido en cuenta las peticiones remitidas a diversos estamentos del gobierno regional, y que se basaban en un mantenimiento estable del empleo y intentar el menor endeudamiento de los centros", ha manifestado la presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, Maribel Uncala.
La entidad ha reclamado que se hubiese, al menos, abonado la atención socioeducativa, que ya hubiese supuesto una perdida del 25 por ciento, de tal manera que se pudiera abordar las obligaciones laborales, fiscales y económicas que siguen vigentes, y agotando el presupuesto de las convocatorias extraordinarias que no se han puesto en marcha por este "parón escolar".
Por último, Escuelas Infantiles Unidas ha subrayado que la mayoría de los centros están teletrabajando con su alumnado y con la colaboración de las familias, al tiempo que ha recordado que los centros educativos de primer ciclo están recogidos en las leyes nacionales de educación como etapa educativa propia, y no como empresas de servicios.
