SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un abogado imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha solicitado a la juez de Sevilla Mercedes Alaya una "minoración" de la fianza de responsabilidad civil de 34,8 millones de euros que le impuso por medio de un auto dictado el día 6 de julio de 2013.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado Carlos Leal defiende la trayectoria procesal "pulcra y bien alejada de cualquier sospecha de abuso o fraude" de los abogados de la Junta tras la petición de Manos Limpias para que sean expulsados del caso como parte perjudicada, pero no obstante se muestra contrario al "planteamiento y pretensiones que ha promovido y mantiene" la acusación de la Junta.
En este sentido, el imputado lamenta "su despreocupación o falta de celo por aclarar conceptos que son utilizados de forma incorrecta o equívoca tanto por los investigadores como por el resto de las acusaciones o la propia instructora, habiéndose propiciado de este modo la consolidación de graves errores sobre los que se pretenden sostener las tesis acusatorias".
Al hilo, se refiere a la cuantificación de las posibles responsabilidades pecuniarias "que por un supuesto menoscabo incorrecto de caudales públicos se fijaron" en su caso, "señalándose como referente para su cálculo un aleatorio porcentaje sobre 'el importe de las primas de las pólizas pagadas por la Junta'", pero "sin tener en cuenta en dicha cuantificación ni el importe efectivamente abonado a la fecha de la convalidación legal de las pólizas ni las sumas abonadas de las mismas por el Gobierno central".
"Si no se ha dirigido reproche alguno en esta causa a las aseguradoras y si la Junta sigue a día de hoy asumiendo el coste de estas pólizas sin que conste tampoco que se haya interesado el reintegro de lo efectivamente percibido por los trabajadores beneficiarios de la suscripción de aquellas, mal se puede seguir considerando como menoscabo ilícito los respectivos importes de las pólizas cuestionadas", alega.
A su juicio, esto último "debe conllevar una correspondiente minoración de la cifra de las referidas responsabilidades pecuniarias impuestas" por la juez en su caso.
El abogado explica que las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta a los colectivos de extrabajadores beneficiarios de las mismas, "que no a las empresas, y que son cuestionadas en la instrucción, se instrumentalizaron a través de la suscripción de las controvertidas pólizas cuyos importes sufragaba, financiándola, una cobertura económica que, sumado al porcentaje de desempleo al que el trabajador tuviera derecho, le permitiera llegar con un digno nivel de renta durante el tiempo restante hasta alcanzar su edad de jubilación".
"ERROR"
Así, el imputado subraya que "se han confundido como obligaciones a cargo de las empresas el coste de las prejubilaciones, coste que nunca tendrían aquellas por qué soportar", de manera que "se delata un error que distorsiona el alcance económico de los fondos públicos comprometidos, incrementándolos indebidamente".
Esta conclusión "bien merecería una reconsideración de las bases de cálculo y suma total que pretende la Junta que se le reintegre", entre otros, por el propio Carlos Leal, "por su hipotética responsabilidad pecuniaria en la supuesta merma de los fondos públicos que destinó al pago de las referidas pólizas de prejubilación".
Además, "se olvida, al parecer, que las primas de las pólizas objeto de investigación incluyen el coste de los convenios especiales --en torno al 20 por ciento de las primas abonadas-- que permitió, y sigue permitiendo, a cada trabajador mantener su cotización a la Seguridad Social hasta su jubilación, importes de dichos costes que han sido ingresados por los trabajadores beneficiarios de las ayudas en la caja de la Seguridad Social, sin que nos conste que se haya interesado su rescate por la Junta o que se haya contravenido alguna norma al respecto".
