Los afectados de la contaminación de Coria del Río prevén protestar ante la Junta si no reciben "información"

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha zona prevén celebrar una manifestación ante la sede de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente o el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, si en septiembre no cuentan con "información" oficial de la Junta, que ha fijado para dicho mes el informe final sobre sus mediciones ambientales en este entorno.

Así lo ha manifestado a Europa Press Rogelia Gómez, portavoz del colectivo, después de que la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, manifestase en el Parlamento que su departamento ha resuelto ampliar su campaña de mediciones ambientales con nuevas herramientas y tecnologías específicas, tras más de dos meses de mediciones ya realizadas, para tener en septiembre un informe sobre el asunto.

Ello, en un marco en el que el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha abierto diligencias por la nueva denuncia por la vía penal interpuesta por estos vecinos de la barriada Guadalquivir contra la actual consejera de Salud, Rocío Hernández; su antecesora en el cargo y actual responsable autonómica de Medio Ambiente, Catalina García; la exdelegada territorial de la Consejería de Salud Regina Serrano y otros responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS); bajo la premisa de que la administración sanitaria habría incurrido en una supuesta "inacción prolongada ante la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos", según los afectados.

Tras defender la consejera Catalina en el Parlamento los "numerosos estudios", análisis técnicos y revisiones promovidos por la Junta ante esta problemática, Rogelia Gómez ha avisado de que si la Dirección General de Salud Pública de la Junta remitió finalmente al Juzgado número tres de Coria, que indaga la primera denuncia penal del colectivo de vecinos; el estudio de 2022 demandado desde entonces por los afectados; fue precisamente a instancias de los mismos y sus diferentes peticiones al respecto.

"Estuvo guardado en un cajón. No lo entregaban", ha enfatizado, agregado que este informe, que no alcanzaba "conclusiones claras desde el punto de vista clínico"; no era un estudio epidemiológico como tal cuando los afectados reclamaban una investigación de tal naturaleza, algo que según Rogelia Gómez sigue pendiente.

LO DICE LA FISCALÍA

Además, Rogelia Gómez ha señalado el "demoledor informe" emitido por la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de diciembre de 2024.

Dicho informe técnico, según la Fiscalía, "confirma el peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y salud de las personas"; con lo que "se ha producido un peligro global de grave afección, con afección constatada en algunos elementos, al conjunto del sistema natural atacado", que conforman "aguas, suelos y salud de los habitantes".

Y es que entre las conclusiones del informe de diciembre de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado figuran aspectos como que "se ha producido un riesgo de daño sustancial para la salud de las personas, con afección demostrada a los residentes de la barriada, debido a la presencia de compuestos orgánicos en sus domicilios que no deberían estar de manera natural y que coinciden con los productos contaminantes encontrados en los suelos y aguas subterráneas en el entorno de la estación de servicio".

Siempre, "como consecuencia de los vertidos producidos desde los tanques enterrados de la estación de servicio, que contenían hidrocarburos del tipo gasolina, gasoil y aceites minerales que se encontraban en mal estado", según este informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General.

"AFECCIÓN GENERADA POR LA CONTAMINACIÓN"

Así, este informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General constata "la afección generada por la contaminación tanto al medio natural, como a la salud de las personas".

La consejera Rocío Hernández manifestaba de su lado, meses atrás, que el estudio epidemiológico anunciado en 2023 fue realizado y remitido al juzgado de Coria que instruye la causa penal inicial de este asunto, así como que fue acometida una "revisión retrospectiva" de la situación sanitaria de los afectados, un refuerzo de las urgencias de atención primaria en Coria, con una consulta "específica" para estos vecinos y "múltiples reuniones con expertos" de diversa índole; asegurando que no había sido acreditada una "relación causal" entre las afecciones de los vecinos y la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera; pero con el compromiso de seguir trabajando y "a disposición" del colectivo.

El pasado mes de marzo, en paralelo, era conformada al fin por parte de la Consejería de Medio Ambiente la mesa de trabajo promovida en cumplimiento de la proposición no de Ley (PNL) aprobada por el Parlamento de Andalucía en febrero de 2024 a instancias del PSOE, en demanda de la creación de dicho grupo, que carece de representación por parte de los afectados.

"Llevamos más de 15 años inhalando ese rosario de compuestos orgánicos volátiles. El primer responsable debería ser el Ayuntamiento de Coria y está claro que siguen dejándonos morir", ha remarcado Rogelia Gómez, asegurando que si en septiembre el colectivo de afectados no cuenta con nueva información oficial sobre las actuaciones de las administraciones, promoverá "una manifestación en la Consejería de Medio Ambiente o en San Telmo".