El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla) reclama "urgencia" a la Junta para el permiso final de reapertura de la mina

Pide a la CHG un informe por la "coloración anómala" en el contraembalse del Agrio auqune el "fenómeno no es nuevo"

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández (IU), ha reclamado de nuevo a la Junta de Andalucía "urgencia" para la autorización final de la reapertura de la mina de la localidad a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis; esta última adjudicataria de los derechos de explotación de la corta minera en un concurso público que enjuicia estos días la Audiencia provincial.

"Tras las intensas lluvias de marzo, se han producido episodios de coloración anómala en el contraembalse del río Agrio. Aunque entendemos la preocupación ciudadana, queremos dejar claro que no se trata de un fenómeno nuevo ni alarmante", explica el alcalde, agregando que ha "solicitado formalmente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un informe técnico que aclare el origen concreto de este episodio, pese a que la experiencia de décadas confirma que estos cambios en el color del agua son naturales y cíclicos".

"Mucho antes de la existencia de embalses o balsas mineras, ya se daban episodios similares en charcas como la del Soldado, la Morisca, la Inés, la Higuera, el Santísimo o la de los Pastores. Las vecinas y vecinos de Aznalcóllar lo han visto durante generaciones", señala, manifestando que "este contraembalse ha sido durante más de 20 años fuente de abastecimiento de agua para consumo humano, sin que jamás se haya detectado riesgo alguno para la salud".

LA "SOLUCIÓN REAL"

En cualquier caso, el alcalde expone que "el verdadero riesgo está en no actuar y la única solución real pasa por la ejecución del proyecto de restauración" de la mina, marcada por la gran catástrofe natural de 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados; para "sellar las escombreras, vaciar la corta y poner en marcha una planta de tratamiento con los más altos estándares ambientales".

"La empresa promotora ha presentado todas las garantías legales y técnicas, ha depositado más de 60 millones de euros en avales, y ha cumplido escrupulosamente con todos los requisitos exigidos por la administración"; asevera reclamando "urgencia" a la Junta para la autorización final de reapertura de la mina, que cuenta con autorización ambiental unificada pero aún no con declaración de impacto ambiental ni los permisos mineros.

Ello, mientras la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla celebra actualmente el juicio por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar a la alianza empresarial México-Minorbis; sociedad esta última perteneciente al grupo andaluz Magtel.

El juicio se encuadra en la instrucción de la denuncia por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude formulada por la empresa Emerita España tras concurrir sin éxito al concurso, alegando que su oferta era económicamente superior a la de Minorbis, respaldada por Grupo México y ganadora finalmente del procedimiento.

DOS REAPERTURAS A INSTANCIAS DE ALAYA

Recordemos al respecto que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita-Forbes Manhattan, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito, si bien tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias.

También con relación al asunto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, pedía recientemente crear "una comisión de expertos técnicos y científicos" que evalúe los posibles "riesgos" de los vertidos al Guadalquivir.

Y es que la reapertura de la mina, según la entidad promotora, cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.

Pero según alertan los colectivos ambientalistas, el proyecto de reapertura de esta mina, que cuenta ya con autorización ambiental unificada pero aún no con declaración de impacto ambiental; supone "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.