SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación de consumidores Al-Andalus ha advertido este viernes de que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios es una "nueva normativa a medida de la banca", con el objetivo de "intentar sofocar la alarma social, en lugar de proteger verdaderamente a las personas afectadas".
En un comunicado, Al-Andalus ha señalado que las reformas del Gobierno central "no llegan al fondo del problema", lo que les lleva a pensar que "simplemente es una respuesta a una estrategia de imagen o, en el peor de los casos, incluso unas medidas adaptadas a los intereses de la banca".
Esta organización ha considerado que las medidas presentadas deben cubrir "no sólo a aquellos afectados que con criterios muy restrictivos se les califique de vulnerables o especialmente vulnerables sino a cualquier familia en situación de quiebra sobrevenida".
En este sentido, ha apuntado que debería ser para aquellas que por "desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, larga enfermedad u otros infortunios" hayan sufrido una "drástica" pérdida de sus ingresos regulares que les impida hacer frente a las deudas contraídas.
El concepto de 'quiebra sobrevenida' se encuentra en la legislación desde 1965, en la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles, donde "los Jueces y Tribunales, con carácter excepcional y por justas causas apreciadas discrecionalmente, tales como desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, larga enfermedad u otros infortunios, puedan señalar nuevos plazos o alterar los convenidos".
"NO ES UNA SOLUCIÓN REAL"
De esta manera, Al-Andalus ha indicado que la moratoria del desahucio no "lo soluciona todo", ya que se trata de "medidas de emergencia pero no una solución real a la desprotección de las familias" que, a su juicio, sería establecer un procedimiento concursal específico para las familias, que permita, igual que ocurre con las empresas en quiebra, un "marco justo de negociación para adecuar ingresos y deudas".
Asimismo, ha detallado que cuando la pérdida de ingresos haya sido tan drástica que no sea viable continuar con el pago de la vivienda, la solución debe ser la dación en pago y un alquiler social que impida el desalojo. Si los ingresos lo permiten, establecer un mecanismo para renegociar el pago de la deuda con una quita (reducción del importe total a pagar).
Respecto a la moratoria de las ejecuciones hipotecarias, la organización ha insistido en reclamar una moratoria de las mismas pero sin condiciones.
Por último, la organización si ha señalado como positiva, dentro de la nueva normativa, la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.
