APDH muestra su apoyo a desalojados de calle Feria, "porque la economía debe estar al servicio de las personas"

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha expresado su "apoyo" a las cinco familias desalojadas este jueves por la Policía Nacional de la 'Corrala La Alegría', nombre otorgado al colectivo constituido en torno al número 158 de la calle Feria de la capital hispalense, "porque la economía debe estar al servicio de las personas, y no al revés".

En una nota, APDH ha subrayado que "el derecho al uso de una vivienda es un derecho humano fundamental del que las administraciones deben velar para su cumplimiento" y que, en este sentido, "cuando los poderes públicos dan la espalda a la ciudadanía ésta tiene el deber ético de organizarse y buscar soluciones válidas para el disfrute de sus derechos básicos".

"Podemos decir que tanto el Ayuntamiento como las distintas administraciones públicas no están ejerciendo su cometido, que es estar al servicio de los ciudadanos, y, siendo conscientes, están dando la espalda a las personas que están viviendo una situación de emergencia habitacional", ha asegurado el colectivo, que alude a la falta de interés por "solucionar los problemas de las personas".

Para APDH, los gobernantes, "especialmente el Ayuntamiento, gastan más energía en negar y ocultar esta realidad, la cual pone en evidencia su propia ineficacia, que en hacerse cargo de los verdaderos problemas y carencias de la población". Y es que, a su juicio, el que estas familias, "como otras miles en Andalucía", estén sin vivienda y en una situación de "extrema" necesidad "es responsabilidad de las administraciones públicas, que son las que legal y democráticamente deben velar por los derechos de la ciudadanía antes que defender cualquier otro interés".

Por todo ello, la asociación propone el cese "inmediato" de la privatización del parque público de vivienda de todas las administraciones públicas y de la venta del patrimonio público de suelo; la reorientación de toda la actividad de promoción e inversión pública destinada a vivienda hacia la vivienda pública en alquiler y hacia la rehabilitación; la creación de un banco público que sirva, entre otras cuestiones, a la política pública de vivienda; y la "erradicación" de la infravivienda, satisfaciendo la necesidad de una vivienda digna.

Asimismo, se sugiere la expropiación de la facultad de uso por tiempo determinado de las viviendas de propiedad privada que permanezcan desocupadas de manera habitual durante un año, para cederlas en arrendamiento, así como de los inmuebles de protección oficial en manos de los bancos tras ejecuciones hipotecarias, para que retornen a su función de uso social, o aquellos cuyos propietarios desatiendan su deber legal de conservarlas en adecuadas condiciones de habitabilidad, ya las tengan arrendadas o vacías, para, previa su rehabilitación, cederlas en arrendamiento. Por último, se insta a la despenalización por el Parlamento de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.