SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha advertido este martes, con motivo del 10 de diciembre, aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las principales situaciones de vulneración de derechos humanos que ha trabajado este año 2013, vulneraciones que afectan tanto a colectivos que ya estaban excluidos socialmente, "como a un número cada vez mayor de andaluces cuyos derechos como la sanidad, la educación o el disfrute de una vivienda digna son cada vez más quebrantados".
En rueda de prensa en Sevilla, la coordinadora general de la Apdha, Maribel Mora, ha comenzado la intervención señalando que "desde la Asociación, exigimos a las administraciones políticas sociales acordes a las necesidades que estamos viviendo. El origen de nuestras reivindicaciones tiene su lugar en el deterioro de los derechos más básicos, que parte de la población andaluza y, en especial, los colectivos más desfavorecidos, llevan sufriendo durante un largo tiempo sin que las administraciones hayan hecho nada para cambiarlo".
Asimismo, el coordinador de Marginación, Pablo María Fernández, ha reclamado que la población andaluza necesita una ley de inclusión y renta básica, así como la paralización de desahucios en primeras viviendas y de los cortes de suministros básicos, y que igualmente alarmante es la situación de las personas sin hogar y de los "barrios ignorados" o asentamientos chabolistas, ante la falta de programas que atiendan a familias de manera integral.
Por su parte, el coordinador de Cárceles, Valentín Aguilar, ha señalado que la atención sanitaria a las personas presas debe ser igual a la dispensada a la población libre y los enfermos mentales deben tener una atención integral. También ha reclamado que las administraciones adopten las medidas necesarias para permitir un transporte público bien coordinado a las prisiones. Igualmente, pone de relieve la necesidad un plan integral contra la tortura y la reinstauración inmediata del Servicio de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria (Soajp) por la Junta de Andalucía, tal y como aprobó el Parlamento en dos proposiciones no de ley.
Con respecto a las personas migrantes, el coordinador de Inmigración, Carlos Arce, ha demandado el derecho al "salario social" y que la carencia de NIE no suponga un obstáculo para acceder a recursos socioeducativos, en igualdad de condiciones con el resto de la población andaluza. "Igualmente, hay que evitar medidas de preferencia local de contratación en comarcas agrícolas andaluzas. Además exigimos el cierre del CIE Algeciras-Tarifa dadas sus lamentables condiciones materiales. Deben cesar de inmediato las redadas por perfil étnico y abogamos por el respeto de los Derechos Humanos en el control de fronteras".
El coordinador de educación, Rafael Montes, ha subrayado que la educación pública no puede sufrir más recortes, y exigido la marcha atrás en llamada ley Wert o Lomce, que va a tener consecuencias nefastas para la educación pública.
Además, según la Apdha, otro colectivo que ve sus derechos vulnerados es el de trabajadores del sexo. Deben poder acceder al sistema público de salud y tener reconocido el ejercicio de la prostitución como un trabajo. La Asociación reivindica políticas sociales, de formación y de empleo para las personas que deseen salir de la prostitución, así como la supresión de las ordenanzas municipales que criminalizan a este colectivo. Por último, pide la no derogación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Durante 2013, desde las distintas áreas de trabajo de la Apdha, se han abordado muchas de las vulneraciones de derechos en Andalucía, se han denunciado y se ha trabajado para cambiarlas. Así, resalta el paro, del 36,37 por ciento y un desarrollo de políticas que no incentivan la creación de puestos de trabajos. También la situación de Emergencia Habitacional que está viviendo la población andaluza. Además, resalta la dejadez, por parte de las administraciones, de los "barrios ignorados" y la falta de programas que atiendan a familias de manera integral desde sus diferentes necesidades.
Con relación a las personas que se encuentran privadas de libertad, destaca la "desigualdad" en atención sanitaria. En este sentido, afirma que el estado de salud de las personas que llenan las prisiones está más deteriorado que el del exterior --en enfermedades graves tales como el VIH-SIDA, la hepatitis C, la tuberculosis o la enfermedad mental--, pero la inversión y el control es inferior al de la calle. Se ha recortado en la medicación y han aparecido cupos para ser tratados, en función de la disponibilidad presupuestaria.
Otro problema es el aislamiento de los presos debido a la falta de transporte público a las prisiones: las familias, la mayoría con pocos recursos económicos, no pueden afrontar un gasto de entre 60 y 100 euros en taxis, única forma de transporte público en muchas cárceles andaluzas.
42 SITUACIONES DE TORTURAS EN 2013 CON 97 PERSONAS AFECTADAS
En cuanto a torturas y represión a las movilizaciones sociales, durante 2013 en Andalucía se han producido 42 situaciones de torturas con 97 personas afectadas. Destacó la represión en personas agredidas en el transcurso de las movilizaciones sociales y la represión del derecho de reunión pacifica a través de multas a los participantes.
Por otra parte, durante el año 2013 las personas presas han estado desatendidas jurídicamente como consecuencia "de la actitud caprichosa e ilógica" del consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, quien tras comprometerse con la Apdha en reanudar el servicio suspendido en el 2012, a través de acuerdo bilateral entre Consejería y Colegios de Abogados, han sido distintas las excusas puestas por el consejero para no cumplir lo acordado.
En cuanto a las personas migrantes que viven en Andalucía, las principales vulneraciones se han centrado en la exclusión en el acceso a derechos sociales, como el "salario social" y a las bonificaciones de precios de escuelas infantiles y comedores escolares. También podemos señalar el deterioro de las condiciones de los empleos desempeñados por personas inmigrantes, con mayor estacionalidad o mayor explotación
Otro caso "flagrante de violación de derechos" son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Con respecto al CIE de Algeciras-Tarifa, sus intolerables condiciones materiales han sido reiteradamente criticadas desde el ámbito institucional y por los colectivos sociales. De la misma manera continúan las redadas por perfil étnico, que afectan principalmente a las personas extranjeras.
Y las personas migrantes que quieren llegar de manera clandestina a las costas andaluzas, como frontera Sur de Europa, vuelven a tener un triste protagonismo en el trágico balance anual de personas que pierden la vida intentando llegar a Europa, víctimas del blindaje y la externalización de fronteras: 225 durante el año 2012.
"SERIO DETERIORO" DE LA ESCUELA PÚBLICA
Los recortes en educación en Andalucía, de más de 5.000 millones de euros en el pasado curso escolar, han tenido como consecuencia un "serio deterioro y graves perjuicios" para la escuela pública. El incremento del número de alumnos por clase, el recorte de plantillas y despido de trabajadores supone un perjuicio grave a la calidad de la escuela pública.
Por otra parte, otro retroceso será la aplicación de la llamada ley Wert o Lomce. Una ley que a juicio de la Apdha "privatiza el servicio público, segrega al alumnado con itinerarios, vacía y anula las competencias educativas de Andalucía, elimina la gestión y participación democráticas de los centros educativos o impone reválidas que constituyen obstáculos para los estudiantes".
