SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla ha ordenado el archivo de la denuncia interpuesta por Adelante Andalucía contra el director del centro de personas mayores Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y delitos de lesiones también por imprudencia grave, derivados de la penetración de la pandemia de coronavirus Covid-19 en dicha residencia donde se contabilizan 118 ancianos contagiados y 30 de ellos fallecidos.
La denuncia estaba dirigida en concreto contra el director de la citada residencia, Enrique Rodríguez; la delegada territorial de la Consejería de alud y Familias en Sevilla, Regina Serrano; el director general de Cuidados Socio Sanitarios de la Consejería, José Repiso Torres; y el titular de dicho departamento autonómico, Jesús Aguirre, a quienes el Grupo de Adelante en el Parlamento de Andalucía atribuía los supuestos delitos, bajo la premisa de que "desoyeron las medidas adoptadas por la Administración Central con relación a las residencias socio sanitarias" y que los contagios y fallecimientos de ancianos de dicho centro sería "consecuencia directa" de ello.
No obstante, y a través de un auto emitido el pasado 24 de abril y recogido por Europa Press, el Juzgado de Instrucción número siete expone que "no es acertado entender que al no haberse tomado las medidas contenidas en las normas dictadas por el Gobierno Central se produjeron los fallecimientos en la residencia".
"Nos encontramos no ante un hecho gravísimo que afecta a una residencia de ancianos, sino ante la muerte, según cifras oficiales, de más de 22.000 compatriotas y el contagio de otros cientos de miles, produciendo a diario el principal causante, el virus, centenares de muertes y miles de contagios más. Por tanto, no estamos ante un hecho aislado que, cual si fuera un accidente de tráfico, deba investigarse a la luz de los artículos 142 y 152 del Código Penal", argumenta el magistrado de la citada instancia judicial insistiendo en que "las residencias de ancianos de toda la nación se han visto afectadas de lleno, no solo la de San Juan de Aznalfarache".
DESCARTA QUE LA JUNTA ESTUVIESE "INACTIVA"
Además, "no puede entenderse que la Administración autonómica estuviera inactiva por los quebrantos causados por el virus a nivel del territorio andaluz y en especial al nivel local de San Juan de Aznalfarache", según el juez. "Buena prueba de ello es la instrucción dictada por la directora del Distrito Sanitario Aljarafe de fecha 25 de marzo de 2020, en la que se dispone el traslado de los residentes (contagiados) a un hotel se supone que medicalizado (el hotel Ilunion Alcora, también en San Juan), lo que muestra que decisiones se tomaron para ese caso y seguramente no las únicas", razona el magistrado.
"De un lado, no parece que sea achacable en exclusiva a la Administración autonómica o al director de la residencia la falta de material sanitario para hacer frente a la pandemia y, de otro, la información al público también se cumplió como lo reconoce la denunciante al aludir a una comparecencia de fecha 6 de abril donde se habló a nivel publico del asunto de la residencia de San Juan", expone el juez con relación a las declaraciones del consejero de Salud tras denunciar la familia de una de las residentes de dicho geriátrico que muchos de los ancianos del mismo habían fallecido víctimas de la pandemia y que la situación del centro era tratada "como un secreto de estado".
NO INFLUYE LA "FALTA DE INFORMACIÓN"
"Respecto a esa falta de información que se entiende que no es tal, achacada a los denunciados, es evidente que no cabe integrarla en el supuesto penal pues ninguna conexión guarda ese silencio denunciado con el devastador efecto del virus en la residencia", reflexiona en paralelo el juez, toda vez que diversas familias de residentes de este centro de personas mayores han lamentado la falta de información oficial sobre el grado de penetración del virus en el recinto.
"En definitiva, llegará el momento de exigir responsabilidades políticas y porque no, penales, si hay pruebas bastantes de la conexión entre tales decisiones y las fatales consecuencias que estamos viendo, pero para el caso presente que se ha denunciado se entiende, por las razones dadas, que no hay indicios fundados de responsabilidad penal", zanja el juez ordenando el archivo del procedimiento.
