SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
Loa asesores del llamado Plan Memta (Plan de Medidas Extraordinarias para la Mejora de la Empleabilidad de las Personas Demandantes de Empleo), constituidos en la plataforma 'Por la reincorporación de los asesores de empleo-Memta' han pedido en una carta a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la readmisión de los asesores de empleo-Memta, "acabando con la discriminación que estos trabajadores han sufrido tanto dentro del mismo colectivo por decisiones políticas como en comparación con otros colectivos como los monitores escolares".
Para ello piden que se produzcan negociaciones entre esta plataforma y el Gobierno andaluz para solucionar este conflicto laboral.
En una nota remitida a Europa Press, la directiva de esta plataforma, ha explicado que este colectivo fue contratado el 6 octubre de 2008 "bajo oferta genérica y concurso de méritos cumpliendo con los principios constitucionales de acceso a la Función Pública, bajo criterios de igualdad, mérito y capacidad".
Han explicado que estos contratos se realizaron "por obra y servicio determinado, adscrito al VI convenio de personal laboral de la Junta de Andalucía y con cargo al Capítulo I de personal".
Han indicado sus contratos "entraron en fraude de ley, y así lo reconoce sentencia del Supremo de 2014 y sucesivas, declarándolos indefinido no fijo", de manera que indican que la forma legal de sus despidos "tendría que haber sido un expediente de regulación de empleo, pero en su lugar, la Junta de Andalucía, el 31 de diciembre de 2012 opta por despidos individuales, favoreciendo así la judicialización de todo el proceso, al vernos obligados a interponer demandas individuales de despido para que se reconociesen nuestros derechos". Han recordado que de los 413 despedidos, 319 decidimos demandar a la Junta de Andalucía).
El colectivo ha precisado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sus distintas salas en idénticas circunstancias y en supuestos idénticos, "emiten sentencias diferentes declarando los ceses como despidos nulos o improcedentes, obligando por ello a ir al Tribunal Supremo en busca de unificación de doctrina".
Han agregado que el 21 de abril de 2015, el Tribunal Supremo emite su fallo "declarando improcedentes nuestros despidos". Consideran que si se hubiesen recurrido todas sus sentencias del TSJA, "todos los trabajadores hubiésemos seguido el mismo destino y hoy todos estaríamos en la calle, pero no ha sido así el proceder de la Junta".
Así, han apuntado que "mientras los nulos se tornaban firmes en la parte más occidental de nuestra comunidad autónoma, los improcedentes que se dictan en el TSJA de Granada son recurridos permitiendo que suban al Tribunal Supremo".
Han agregado que los nulos de enero de 2015 dictados en el TSJA de Sevilla "no son recurridos y se hacen firmes, y en febrero se comienza a recurrir otras sentencias de nulidad de la misma sala, todo ello con anterioridad a la orden genérica al gabinete jurídico con fecha de 3 de marzo de 2015 de la Consejería de Empleo, donde le insta a desistir de los recursos interpuestos a las sentencias de nulidad".
Las fuentes han precisado que "a partir de ahí se desiste de algunos recursos y de otros no, incluso en fechas posteriores a la sentencia del Supremo, pero no existe ninguna orden posterior a la del 3 de marzo que modifique a la anterior y que justifique el cambio de criterio".
Han alertado de que las diferentes decisiones sobre los diversos casos "ha supuesto una absoluta desigualdad de trato con respecto a nuestras sentencias por parte del Gobierno de Andalucía", lo que a su entender "vulnera uno de los principios constitucionales jurídicos: la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".
Además, consideran que esta opción administrativa efectuada de indemnizar y no readmitir "atenta contra el principio de respeto al Derecho al Trabajo consagrado en la Constitución y al que viene obligado los poderes públicos, no siendo razonable que la propia Administración encargada de velar por la obtención de empleo, opte por la opción de extinción".
Consideran asimismo que "existe un precedente donde se optó por la readmisión con sentencia de improcedencia, como es el caso de los monitores escolares, y donde la Junta formuló avenencia de readmisión, demostrándose así la existencia de un trato discriminatorio no fundado ni razonado con respecto al trato dado al colectivo de asesores de empleo Memta, donde las sentencias de improcedencia e incluso de nulidad son recurridas".
A su vez, defienden que los asesores de empleo Memta "hemos sido víctimas de la dilación de la justicia, y dependiendo de en qué fecha se tenía vista para juicio, se ha obtenido nulidad o improcedencia, con la consiguiente decisión política sobre las sentencias de nulidad de no recurrirlas o desistirse del mismo".
DECISIONES POLÍTICAS
Consideran que "son las decisiones políticas las que han generado un conflicto laboral con el colectivo Memta, por las numerosas decisiones anteriormente expuestas, como son fraude en nuestra contratación, no realizar un ERE de acuerdo a la ley, judicialización del caso con los despidos individuales o arbitrariedad en el tratamiento de las sentencias".
"No se entiende que la consecuencia de todo ello sea que 97 compañeros estén reincorporados y 232 sigamos en la calle, bien por la orden del consejero al gabinete jurídico, bien por no presentar la opción ante sentencia de improcedencia en tiempo", ha agregado este colectivo que reivindica la reincorporación de todo el colectivo al tratarse de un conflicto laboral "cuya solución tiene que pasar por la negociación, máxime cuando en otras comunidades autónomas los gobiernos autonómicos apostaron por la continuidad laboral de nuestros compañeros".
Asimismo, ha denunciado el "ostracismo profesional al que estamos siendo sometidos por parte de la Junta de Andalucía". "Nuestro futuro como orientadores profesionales es incierto porque se quiere redireccionar a otros colectivos que están aterrizando en el SAE a que realicen funciones de orientación laboral y asesoramiento en oficinas de empleo, con un curso básico de reciclaje de menos de 100 horas de duración y dirigido a un personal cuyas profesiones venían siendo otras, como son los ALPE, técnicos de emprendimiento; los Faffe, agentes de intermediación, unidades de barrio, apoyo en dirección provincial, gestión de la formación, u otros trabajos que desarrollasen en la antigua Fundación".
En ese punto, consideran que "se esta instaurando un intrusismo en nuestra ocupación y se nos deja fuera de cualquier posibilidad de desarrollo de carrera profesional".
