SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Pérez, ha defendido la postura que ha mantenido el gobierno de Juan Ignacio Zoido ante el conflicto originado en torno a las familias que ocupaban un bloque en la avenida Juventudes Musicales, denominada 'Corrala Utopía', dejando claro que la normativa sobre vivienda está establecida por la Junta de Andalucía, "que nos ha dado la razón", pero "si no gusta este registro de demandantes, que se cambie, pero mientras exista cumpliremos la normativa al respecto". Insiste en que en el Consistorio no tiene pisos vacíos sino "en tramitación" y advierte de que los plazos para ocuparlos "no son caprichos de político sino garantías para el ciudadano".
"Teníamos razón en nuestra postura ante la Corrala y hasta la Junta de Andalucía nos la ha dado, con su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, y no con esa parte especial que tenía competencias en vivienda hasta que se las han quitado", agrega en rueda de prensa, tras la junta de gobierno. Pérez detalla que todo está reglamentado en la ley autonómica sobre vivienda y, "si no gusta este registro de demandantes, que se cambie, pero mientras exista cumpliremos la normativa al respecto".
El 'popular' indica que, respecto al desalojo de las familias de la 'Corrala Utopía', no quiere que "a nadie lo echen de ningún sitio", pero recuerda que el Ayuntamiento ha garantizado la atención social, que era su competencia, según insiste. "Se ha demostrado que el asunto era competencia de la Junta de Andalucía y que además no tenían sólo seis pisos, como ofrecieron en un primer momento", advierte.
Preguntado por el número de viviendas vacías y pendientes de adjudicar del Ayuntamiento, Pérez asegura que es "imposible decir una cifra exacta de lo que no se puede clasificar estadísticamente", asegurando que la cifra varía "a diario, porque pueden que entren tres o cuatro familias un día y el día siguiente más o a veces menos". Sin embargo, ha dejado claro que "los pisos no están vacíos, sino sujetos a estas tramitaciones".
"¿Quién puede creer que disfrutamos con esta situación y con la espera de los ciudadanos?", se pregunta Pérez, que afirma que lo que se pretende es dar "todas las garantías para el acceso a las viviendas". Así, advierte de que la salida está en "seguir cumpliendo con las normas" y deja claro que "si las cosas no se hacen bien, los ciudadanos recurrirán sus derechos en los tribunales".
Por último, ha recordado que hay 12.351 inscritos en el Registro Municipal de Vivienda, aunque "muchos no se tiene garantía de que cumplan los requisitos", por lo que detalla que el listado se va actualizando cada cierto tiempo; mientras que "quienes no puede acceder a esto, por tener menos recursos, piden a Asuntos Sociales que los baremen y son avisados cuando hay viviendas disponibles", con alquileres de unos 30 euros al mes. En esta última situación, detalla que hay alrededor de 300 personas baremandas.
