SEVILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
La concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores De Pablo-Blanco, ha atribuido a los plazos seguidos por la Administración autonómica y el "fortísimo" recorte de esta institución en materia de dependencia el conflicto desencadenado al cesar el Consistorio 49 trabajadores de este ámbito. "De no haberse producido este drástico recorte, no nos veríamos hoy en este problema", ha asegurado Dolores De Pablo-Blanco.
El colectivo de trabajadores sociales y auxiliares administrativos que trabajaban para el Ayuntamiento de Sevilla en los servicios sociales y de atención a personas dependientes hasta su reciente cese ha celebrado estos días reuniones con los concejales del PSOE e IU-CA, si bien siguen "todos en el paro".
Estos trabajadores, como se ha informado, están sujetos a la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, cuyas actuaciones cofinancian en la ciudad las administraciones autonómica y local. En ese sentido, el área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento hispalense resolvió el pasado 31 de diciembre el "cese" de estos empleados, en concreto 31 trabajadores sociales y 18 auxiliares administrativos, a cuenta de los "recortes" anunciados por el Gobierno andaluz en materia de dependencia y la ausencia de datos exactos en cuanto a las aportaciones autonómicas para la aplicación de la Ley de Dependencia en la capital andaluza.
No obstante, el mismo día que se hizo efectivo el cese de estos trabajadores municipales, el 31 de diciembre, el BOJA publicaba el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía relativo a los créditos asignados por la Administración andaluza para la aplicación de la Ley de Dependencia. En el caso de Sevilla, figura un crédito de 740.497 euros, según el documento oficial recogido por Europa Press.
Ante este escenario, la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores De Pablo-Blanco, ha acusado a la Junta de Andalucía de "tener paralizadas 4.000 ayudas de atención a personas dependientes, paralizando por completo la validación de los informes y no aprobando ninguna resolución ni reconociendo para esos dependientes los recursos propuestos por los trabajadores del Ayuntamiento". En este sentido, ha señalado que "la Junta ha paralizado unilateralmente la dependencia y el reconocimiento a los recursos que se proponen por parte del Ayuntamiento, a pesar del esfuerzo realizado en los últimos meses por la administración municipal".
Así, la delegada de Asuntos Sociales ha destacado que "el Ayuntamiento se encuentra completamente al día en la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), y es precisamente la Junta de Andalucía la que los ha paralizado al no validar esos informes ni tramitarlos". Además, ha defendido que "esa decisión la adoptó la Junta en agosto del año pasado, y a pesar de ello el Ayuntamiento no ha cesado de trabajar en los informes necesarios para el reconocimiento de las prestaciones de la Ley de Dependencia". Así, Dolores De Pablo-Blanco ha señalado que "el Ayuntamiento sigue trabajando en este asunto, incluso anticipando la financiación del recurso de ayuda a domicilio que es obligación de la Junta de Andalucía".
La concejal ha señalado el "fortísimo recorte de la subvención de la Consejería de Salud y Bienestar Social para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en la atención a la dependencia" y ha añadido que "además, debe a día de hoy más de diez millones de euros al Ayuntamiento en materia de dependencia, porque viene pagando tarde y mal". "A diferencia de anualidades anteriores, por primera vez la Junta de Andalucía no ha facilitado ninguna información al respecto previa al acuerdo, salvo la publicación de una nota en su página Web manifestando el mantenimiento de su apuesta por el refuerzo de la dependencia, cuando en realidad lo que estaba haciendo era un recorte histórico, al señalar que la cuantía global que se asignaría para toda Andalucía era de 10,3 millones frente a casi 20 millones de años anteriores".
"Durante los últimos cuatro años, la Junta de Andalucía ha transferido al Ayuntamiento una cantidad idéntica de 1.435.225,00 euros y con la aportación municipal se ha mantenido a 42 trabajadores (26 trabajadores sociales y 16 auxiliares administrativos). El Ayuntamiento ha mantenido la aportación municipal necesaria para el mantenimiento de los 42 puestos en sus presupuestos y de no haberse producido este drástico recorte, no nos veríamos hoy en este problema", ha asegurado Dolores De Pablo-Blanco.
Así, ha esgrimido que "la Junta no nos ha dado plazo para poder responder a su decisión de mantener el refuerzo los servicios sociales comunitarios de la dependencia, ya que toma su decisión el último día laborable del año pasado, viernes 28 de diciembre, y por supuesto a última hora de la mañana".
