SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Cuentas ha señalado este viernes que las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), desde 2009, "no han suscrito los preceptivos contratos programa, tampoco se han establecido objetivos ni un sistema de evaluación sobre la consecución de los mismos que sirviera de referencia para calcular los incentivos", pero, si bien, el SAE abonó incentivos por un total de 4.994.423,48 euros que correspondían los años 2009 y 2010.
En el resumen de informe, consultado por Europa Press, la Cámara de Cuentas señala que, en concreto, en las resoluciones de concesión de subvenciones se recogía explícitamente un porcentaje de consecución de objetivos de los ejercicios 2009 y 2010 a pesar de que no se había fijado ni evaluado objetivo alguno.
Asimismo, destaca que los únicos criterios para la concesión de las ayudas se limitaban al cumplimiento de los requisitos exigidos para solicitar cada una de las ayudas y a la existencia de dotación presupuestaria para el correspondiente ejercicio económico.
De esta manera, apunta que aunque todos los Agentes Locales de Promoción y Empleo (ALPE) --parte de la plantilla complementaria de los Utedlt-- tenían asignadas las mismas funciones y actividades a desarrollar, "las retribuciones eran diferentes, dependiendo de su consideración como titulado medio o superior" y también señala que "no hay constancia de que el SAE aplicara algún criterio ni límite para establecer el número de ALPE adscrito a cada consorcio".
"Se aprobaba la solicitud de adscripción en función de las disponibilidades presupuestarias, sin considerar factores como el número de municipios consorciados y su población, las necesidades básicas del territorio o los contenidos de los trabajos programados", subraya.
Además, la Cámara de Cuentas detalla que "a todos los directores se les asignaba el mismo sueldo con independencia del número de ALPE que tuvieran que coordinar". "Así, había directores que no tenían equipo para gestionar (Adra, Vícar, de Almería, y Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, Sevilla), mientras que otros debían coordinar equipos con un elevado número de ALPE, como por ejemplo los consorcios de Sierra de Cádiz, que contaba con un total de 22 ALPE y del Condado de Huelva, que tenía contratados a 29 ALPE", asevera en el resumen el informe.
La Cámara de Cuentas de Andalucía incluyó en el Plan de Actuaciones para 2012 una fiscalización horizontal sobre la gestión de las ayudas de la Junta de Andalucía a los consorcios de las Utedlt durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012 y destaca que las subvenciones concedidas por el SAE a estas ascendieron a 23.828.027 euros correspondientes a la convocatoria del año 2010; 22.717.044 en 2011 y 4.949.306 a la del 2012. Además de 5.846.298 euros que corresponden a subvenciones excepcionales concedidas en concepto de indemnización por extinción de los contratos laborales.
La ente seleccionó una muestra de 25 consorcios Utdelt, de los que revisaron determinados aspectos del funcionamiento y de la gestión económica desarrollada, así como los expedientes de las ayudas que se les concedieron mediante las convocatorias de los años 2010 y 2011.
Así, apunta que en cuanto personal de los consorcios Utedlt, la Cámara de Cuentas señala que en lugar de proceder a la integración del personal en la Agencia del SAE se llevó a cabo la extinción de la relación laboral de la totalidad de los trabajadores que conformaban la red de consorcios Utedlt se iniciaron las actuaciones conducentes a la disolución de los consorcios.
El SAE motivó el despido en la concurrencia de causas objetivas, económicas y organizativas, en concreto, en la falta de disponibilidad presupuestaria. Y esto imposibilitaba mantener la actividad realizada por los Utdelt al contar exclusivamente con su personal directivo, por lo que se acordó la extinción de la relación laboral de los 90 directores contratados y del colectivo de 697 trabajadores.
Por otra parte, la Cámara de Cuentas no ha tenido constancia de que las entidades consorciadas llevaran a cabo un control de la gestión desarrollada por los consorcios. En este sentido, detalla que el cien por cien de 2010, el 75 por ciento de 2011 y el 31 por ciento de 2012 incumplieron el régimen de celebración de sesiones ordinarias del Consejo Rector.
Además, sólo el 67 por ciento en 2010 y el 40 por ciento en 2011 aprobó la liquidación del presupuesto y el 33 por ciento en el 2010 y el 27 por ciento en 2011, la Cuenta General, mientras que sólo el 40 por ciento en 2010 y el doce por ciento en 2011 habían cumplido con la obligación de rendir las cuentas anuales ante la Cámara de Cuentas de Andalucía.
La Cámara de Cuentas también ha constatado que las herramientas con las que contaba la Dirección General de Calidad de los Servicios para el Empleo del SAE y las Direcciones Provinciales del SAE para el seguimiento y control de los fondos concedidos "no contenían la información suficiente" que posibilitara la comparación del trabajo desarrollado por los consorcios Utedlt con las funciones previstas en la orden reguladora y en sus correspondientes estatutos así como la verificación de la efectiva realización de la actividad que constituye el objeto de la subvención percibida del SAE.
LIMITACIONES AL INFORME
La Cámara de Cuentas ha apuntado que al ser clausuradas las sedes de los consorcios ha sido imposible obtener documentación solicitada relacionada con la adecuación en la selección del personal, con la actividad desarrollada y sobre la gestión económica.
Asimismo, no ha sido posible aclarar determinados aspectos relacionados con el seguimiento de la actividad y contratación del personal, lo que ha impedido concluir sobre si la actividad realmente desarrollada por los 25 consorcios Utedlt seleccionados con la muestra se adecúa a las funciones atribuidas y previstas en sus estatutos y en la orden reguladora, ni sobre el cumplimiento del procedimiento para la selección y contratación del personal de los consorcios Utedlt.
Además, la Cámara de Cuentas no ha podido concluir sobre el procedimiento de liquidación y disolución de los consorcios debido a que, en la fase de redacción del informe, aunque los Consejos Rectores de 68 consorcios había adoptado el acuerdo unánime de disolución, ninguno había culminado el proceso, porque no habían llevado a cabo la actualización y cierre de su contabilidad.
También apunta que aunque todos los consorcios habían aportado la documentación justificativa de la convocatoria de 2011, sólo estaban completos los expedientes de nueve de los 25 seleccionados, ya que el SAE no había finalizado la revisión y tramitación de la fase de justificación, a efectos de su validación.
