Publicado 04/11/2015 18:17CET

Castillo recuerda a Zoido por primera vez se ha solicitado al interventor el informe previo a ordenanzas

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Joaquín Castillo (PSOE), ha dejado claro que el proyecto de ordenanzas fiscales municipales cuenta con "todas las garantías jurídicas" y con informes del interventor, del Consejo Económico y Social (CESS) y del Tribunal Económico Administrativo.

Además, ante las críticas del exalcalde y portavoz del PP, Juan Ignacio Zoido, Castillo le ha recordado que "por primera vez en muchos años" se ha solicitado al interventor un informe previo que entendemos preceptivo de las ordenanzas fiscales, "medida que no se adoptó en todo el mandato del gobierno anterior". Así, las principales aportaciones han sido incluidas para que el proyecto de ordenanzas "contara con la mayor seguridad jurídica".

Castillo detalla a Europa Press que el proyecto de ordenanzas fiscales ha sido sometido a los informes del Tribunal Económico Administrativo y del Consejo Económico y Social de Sevilla, "cuyas propuestas y recomendaciones han sido analizadas e incluidas en su caso".

En este sentido, insiste en que, por primera vez, el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, ha presentado el proyecto de ordenanzas fiscales a todos los grupos políticos y el equipo de Hacienda ha mantenido reuniones con todos los partidos para analizar sus propuestas y enmiendas, "situación que no se produjo en todo el mandato anterior".

"Este gobierno, tal y como dijo desde el principio, presentó un proyecto de ordenanzas fiscales para que fuera debatido y mejorado con propuestas técnicas y de otros grupos políticos con el objetivo de lograr un documento que alcance el mayor consenso posible siempre respondiendo a los objetivos de apoyar a las familias no incrementando la presión fiscal y que ningún hogar pague ni un euro más", recalca.

Además, destaca la apuesta de las ordenanzas por favorecer la actividad económica y especialmente a pequeñas y medianas empresas y autónomos, aplicar criterios de progresividad y garantizar la estabilidad presupuestaria para el mantenimiento de los servicios públicos y para impulsar políticas sociales y que generen empleo.

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