Actualizado 08/12/2014 02:12 CET

Castro no ve un "descrédito" para IULV-CA que Gordillo aún no haya elegido y garantiza que "apoyarán" su decisión

Sánchez Gordillo Con Cañamero Al Fondo En La Marcha Obrera Del SAT
EUROPA PRESS/ARCHIVO

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha negado este miércoles que suponga un "descrédito" para la federación de izquierdas ni para el propio Juan Manuel Sánchez Gordillo el hecho de que aún no haya decidido si renuncia a la Alcaldía de Marinaleda (Sevilla) o al acta de diputado en el Parlamento andaluz, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la Ley Electoral Andaluza que considera incompatibles ambas responsabilidades.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Castro ha asegurado que se trata de una decisión "personal" que Sánchez Gordillo tendrá que tomar antes del próximo 12 de este mes, --tal y como ha fijado el Parlamento andaluz--, y que, sea cual sea, será "avalada, compartida, apoyada y respetada" por este grupo parlamentario.

Tras asegurar que a IULV-CA no le da "mayor trascendencia" a que Sánchez Gordillo aún no se haya pronunciado, ha indicado que la formación le está dejando "tranquilo" para que tome la decisión que considere más oportuna. "Tampoco está en la mejor situación personal para que entremos en conversaciones con él", ha reconocido.

Castro, que ha afirmado que Sánchez Gordillo es un diputado de IULV-CA "querido y admirado por todos", ha querido dejar claro que la federación de izquierdas no tiene ninguna "especial posición" sobre qué debe dejar, si la Alcaldía de Marinaleda o el acta de parlamentario. "No es una decisión de partido", ha zanjado.

La Comisión del Estatuto del Diputado del Parlamento andaluz ha dado de plazo hasta el día 12 de este mes para que los dos diputados autonómicos que también son alcaldes, Esperanza Oña (PP-A) y Juan Manuel Sánchez Gordillo (IULV-CA), comuniquen oficialmente su renuncia a uno de los dos cargos, cuya incompatibilidad se regula en la Ley Electoral de Andalucía, avalada por el Tribunal Constitucional.

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