SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Educación para conocer todo lo que acontece en relación a la supresión de la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
En el texto de la queja, consultado por Europa Press, el Defensor señala que a través de numerosas noticias aparecidas en la prensa la Defensoría ha tenido conocimiento de que en las instrucciones de la Secretaría General de la Consejería de Educación, sobre ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Secundaria y Bachillerato para el curso escolar 2015-2016, "se ha hecho desaparecer" la citada asignatura, "de manera que esta no podrá ser ofertada dentro del catálogo de optativas en ninguna de las tres ramas de Bachillerato".
Esto supondrá, asegura la Institución, que el alumnado "no podrá recibir unos conocimientos informáticos que no están contenidos en ninguna otra materia", siendo Andalucía "la única que no ofertará esta materia que, hasta el momento, era elegida por un 20%".
Además, el Defensor asegura que por parte del colectivo de profesores de Informática "no se entiende" esta decisión teniendo en cuenta que hay contenidos como ofimática, diseño web, programación, seguridad informática, arquitectura de ordenadores o redes y diseño de aplicaciones, que no están contempladas en ninguna otra materia, así como que, en dicho sector, desde el punto de vista del mercado laboral, "existe tan solo un 4% de paro, es decir, técnicamente casi pleno empleo".
Del mismo modo, la Defensoría apunta que la Ley Orgánica de Mejora para la Calidad Educativa (Lomce) articula la materia en TIC I y TIC II, siendo obligatorio para poder cursar la segunda de ellas el haber cursado la primera, de modo que, "de no ofertarse en el primer curso de Bachillerato, tampoco podrá ser ofertada en segundo", lamenta.
Así, el Defensor manifiesta que para el colectivo de docentes "no es entendible que al alumnado no se le de la posibilidad de adquirir unas competencias digitales que constituyen un sector estratégico para cualquier país, lo que debería ser tenido en cuenta --y de hecho así lo es-- en el sistema educativo, siendo Andalucía, como antes se ha señalado, la única comunidad autónoma que ha adoptado la decisión de suprimirla".
Por dicha razón, la Oficina entiende que deben ser los centros docentes los que dentro de su autonomía y en función de sus características "decidan conformar su oferta educativa, y no que sea la Administración educativa andaluza la que elimine una asignatura contemplada en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato".
Por tanto, el Defensor del Pueblo Andaluz ve necesario incoar este expediente de oficio para poder conocer con "mayor profundidad" la cuestión analizada y, en su caso, requerir a la Administración competente para que "adopten las medidas oportunas" para solucionarlo.
