SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz ha anunciado esta martes que el Defensor del Pueblo Estatal y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz van a iniciar una actuación de oficio conjunta sobre la situación de la población reclusa que precisa atención sanitaria para el acceso a los tratamientos de la hepatitis C.
En un comunicado, la Defensoría andaluza señala que la actuación de oficio de ambas Oficinas es consecuencia del trabajo que vienen desempeñando para resolver las quejas sobre la prestación sanitaria en las cárceles andaluzas. Una situación que está en el territorio de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y competencia de la Defensora Estatal. Mientras que, por su parte, la Institución andaluza interviene en los problemas de salud y educación, competencia de la Junta de Andalucía, que afecta a este colectivo.
En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz ha manifestado su "preocupación" por la situación de los presos andaluces en materia de salud así como la "necesidad" de una prestación especializada en igualdad de condiciones y de calidad que el resto de la población residente en la comunidad andaluza Ello, apunta el Defensor andaluz, demanda un esfuerzo de coordinación entre Instituciones Penitenciarias y el Servicio Andaluz de Salud que "garantice" el suministro de estos fármacos a los reclusos.
En relación con esto, el Defensor del Pueblo Andaluz ha recibido este martes a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que le ha entregado el informe 'Restricciones en el acceso a los tratamientos de la Hepatitis C de la población reclusa en Andalucía', y ha presentado también una queja. El citado informe, que el Defensor se ha comprometido a su estudio y valoración para realizar la investigación necesaria en colaboración con la Oficina de a Defensora Estatal, pone de relieve, según la asociación, la "vulneración" del derecho a la salud de las personas presas.
Así, y en una nota de prensa, la Apdha señala que en multitud de ocasiones, una persona por el mero hecho de estar en la cárcel "no puede acceder a un tratamiento del que sí podría disponer y se le dispensaría sin ningún problema si estuviera libre, aunque este medicamento sea imprescindible para que pueda tener alguna esperanza de vida". De este modo, continúa, "las restricciones impuestas por los recortes económicos están imposibilitando que las personas presas accedan a un derecho básico como es el de la protección de la salud, tal y como garantiza la Constitución Española (artículos 15 y 43) y el Reglamento Penitenciario (artículo 208)".
