Cada administración considera que debería ser la otra la responsable de evaluar el proyecto, vinculado al dragado de profundidad
SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía mantienen una "discrepancia" respecto a qué administración --cada una considera que le corresponde a la otra-- ostenta las competencias para evaluar la afección del proyecto de protección de la margen derecha del río Guadalquivir, presentado por la Autoridad Portuaria de Sevilla al ser un condicionante para acometer el dragado en profundidad, a la Red Natura 2000.
En este sentido, desde la Consejería se ha explicado a Europa Press que fue el 30 de diciembre de 2014 cuando se dio traslado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del escrito remitido al Puerto, en el que se manifestaba que el referido proyecto afecta a dos espacios protegidos de la Red Natura 2000, 'Doñana' y 'Bajo Guadalquivir', y que en su ámbito se identifican 13 hábitat de interés comunitario, así como 44 especies de interés comunitario. Ello supone que ha pasado más de un año desde que se planteó este punto, sin que aún haya quedado resuelto.
Así, la Junta exponía que, por este motivo, es de aplicación el artículo 45.4 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad, debiendo evaluarse la repercusión y afección a la Red Natura. Consideraba que, siendo un proyecto de la Autoridad Portuaria, perteneciente a la Administración General del Estado, corresponde al Ministerio la adecuada evaluación de sus repercusiones sobre los espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Sin embargo, dos semanas después, el Estado trasladó que actúa como órgano sustantivo aquél que aprueba o autoriza, argumentando que, conforme a la condición octava de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el proyecto debe ser aprobado por la Comisión Mixta de Gestión de los Parques Nacionales de Andalucía, por lo que interpreta que corresponde aprobar a la Junta de Andalucía y, por tanto, la evaluación de afección.
Elevada consulta al gabinete jurídico autonómico, el 3 de agosto éste informó de que el referido término de 'aprobación' debe reconducirse al más correcto de 'autorización', y que la evaluación ambiental de Zonas de Especial Conservación es competencia de quien ostenta la competencia sustantiva para evaluar la actividad.
FISCAL RECHAZA "PRECIPITARSE"
Recientemente, el consejero del ramo, José Fiscal, confirmaba en una entrevista a Europa Press que la Junta se encuentra aún en fase de análisis de la iniciativa, rechazando en este sentido "precipitarse" en este asunto, "muy complejo y que requiere de muchísimos datos técnicos". Y es que aunque se "avanza" y la pretensión de la Junta es la de "no tardar demasiado", es un tema "muy delicado que, además, no parece ser una prioridad general".
Fiscal insistía en la tesis de que la Junta entrará a valorar técnicamente la iniciativa "una vez que se confirme, si se confirma, que parece que no está en las prioridades de nadie: el propio alcalde de la ciudad ha dicho que no está en la agenda".
Ello, pese a que "es un proyecto del Gobierno central", recordaba el consejero andaluz de Medio Ambiente, que incide en que mientras sea una actuación con la que, "desde un punto de vista científico, se ponga en riesgo Doñana y la economía agrícola de la zona, no podemos compartirlo. A veces somos más contundentes, a veces menos, pero la posición es la misma que la de mis predecesores: no nos hemos movido ni un milímetro".
La Consejería llegó a anunciar la tramitación de petición a Bruselas de un proyecto LIFE con el que poder acometer el estudio del estuario y las márgenes del Guadalquivir, al objeto de cumplir con las conclusiones de la comisión científica establecida en su día con motivo del proyecto de dragado.
