SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un escrito elevado por la compañía constructora Sando al Juzgado de Primera Instancia número tres en cuanto a la ejecución provisional de la sentencia que condena a la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento y Mercasa, a abonar 11,6 millones de euros a dicha entidad privada, pone de relieve que la misma ha solicitado el "embargo" de "saldos bancarios, devoluciones tributarias, subvenciones y derechos" de Mercasevilla hasta satisfacer la citada cuantía.
En concreto, se trata de un escrito fechado el 4 de diciembre y recogido por Europa Press, en el que la representación judicial de Sando da cuenta de que merced a un auto dictado el 16 de noviembre por el propio Juzgado de Primera Instancia número tres en lo referente a la ejecución provisional de la citada sentencia, "la cuantía total pendiente de ejecución" por parte de Mercasevilla se eleva a más de 11,6 millones de euros, en concreto 11.628.123 euros.
"Dado que Mercasevilla no ha procedido a consignación de cantidad alguna que suspendiere el embargo", en el citado escrito Sando interesa al juzgado que "se proceda a la averiguación patrimonial del ejecutado", en este caso Mercasevilla, al objeto de que instancias como la Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Consejería de Hacienda, el Ayuntamiento hispalense o la Jefatura Provincial de Tráfico, entre otros, "aporten informe sobre la entidad requerida" respecto a su "situación patrimonial" y con relación a "posibles devoluciones pendientes, ayudas o subvenciones que pudieran ser objeto de embargo, tanto en servicios centrales, periféricos, organismos o empresas públicas dependientes, así como los vehículos de su titularidad".
Pide además Sando que "de existir saldos pendientes de pago, créditos o derechos pendientes de abono, se proceda a su retención y puesta a disposición para su entrega" a la constructora "hasta cubrir el importe reclamado". Sando, además, solicita al juzgado que a su vez requiera a Mercasevilla una "relación de alquileres vigentes" y "subvenciones de todo tipo que tenga concedidas y pendientes de cobro" y reclama el "embargo" de "saldos bancarios hasta reponer la cantidad despachada más lo presupuestado en intereses y costas", "devoluciones tributarias que pudiera tener reconocidas" Mercasevilla e incluso "subvenciones pendientes de abono, saldos y derechos que resulten de la información patrimonial interesada".
LA SENTENCIA DE SANDO
El asunto, recordémoslo, deriva de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a Mercasevilla a abonar a la empresa constructora Sando unos 8,9 millones de euros por incumplir los términos del contrato firmado en 2005 con dicha sociedad, que demandó al mercado central de abastos por no poder explotar unas parcelas que le fueron adjudicadas al no contar las mismas con acometidas eléctricas. Dado que los intereses de demora sumarían más de 1,5 millones de euros, la cuantía a abonar a Sando se elevaría a más de once millones de euros, según el propio Ayuntamiento, socio mayoritario de Mercasevilla.
Aunque la empresa decidió recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la mencionada sentencia, emprendió en paralelo una ampliación de capital para afrontar las consecuencias de la citada resolución judicial e impedir que la sociedad incurriese en una hipotética causa de disolución. A tal efecto, el pasado mes de noviembre arrancaba en el Ayuntamiento hispalense, principal accionista de la empresa, una modificación presupuestaria por importe de 5.392.998 euros, al objeto de inyectar dicha cuantía a Mercasevilla, aportando la sociedad estatal Mercasa el resto del montante hasta los once millones de euros.
Carmen Castreño, concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, primera teniente de alcalde y presidenta de Mercasevilla, defendía al respecto que el propósito de esta maniobra era "salvar la compañía y, por tanto, evitar su disolución, al tiempo mantener su titularidad y gestión públicas".
EVITAR LA DISOLUCIÓN
"Se ha realizado un gran esfuerzo buscando en todas las partidas del presupuesto y sin afectar a servicios esenciales, de forma que se han conseguido los recursos necesarios para la aportación municipal este año", señala Castreño. "Tras la última sentencia contraria, teníamos dos opciones: o dejábamos que la empresa se disolviera o hacíamos lo posible por salvarla. Y este gobierno tiene muy claro que su voluntad es salvar este servicio público", apuntaba.
Pero en el marco de esta operación, la compañía constructora Sando ha solicitado la ejecución provisional de la citada sentencia, del modo ya pormenorizado, por lo que el consejo de administración de Mercasevilla, reunido este pasado lunes, acordaba por unanimidad solicitar el preconcurso de acreedores, a la espera de que concluya plenamente la operación de ampliación de capital ya descrita y que medie "un acuerdo en torno a la fórmula de pago" de la sentencia en cuestión.
