Actualizado: miércoles, 13 enero 2016 15:10

Dice que a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez también se le notificó este empleo "inadecuado" de las transferencias de financiación

SEVILLA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha declarado este miércoles como imputado ante la juez María Núñez Bolaños en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ha asegurado que el Consejo de Gobierno conocía el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación utilizadas para el pago de las ayudas investigadas.

De este modo, y en una comparecencia que se ha prolongado por espacio de una hora, el ex interventor general de la Junta ha puesto de manifiesto que tanto el Consejo de Gobierno como las consejerías de Hacienda y de Empleo tuvieron conocimiento de la opinión de la Intervención sobre el empleo de las transferencias a través de las memorias de control financiero permanente relativas a los años 2004, 2005 y 2006.

Distintas fuentes del caso consultadas por Europa Press han indicado que Manuel Gómez ha dicho en su declaración que las transferencias de financiación "deben destinarse a su destino genuino pero puede tener otro", ya que "son ambiguas en cuanto al régimen jurídico". "Entre 2000 y 2014 han cambiado mucho los conceptos y como contable entendemos que deben servir para los gastos generales de la empresa, y cuando no es así decimos que el uso es inadecuado, pero ir más allá es arriesgado", ha subrayado.

Tras indicar que esta materia es "lábil" en cuanto a su régimen jurídico y que "es fácil que se pueda llegar a conclusiones diversas", el ex interventor general de la Junta también ha desvelado que la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez --en su declaración no ha mencionado directamente el nombre de la exministra-- habría tenido conocimiento del uso "inadecuado" de las transferencias a través de las memorias anuales de cumplimiento de 2001 y 2002.

MECANISMO "DESAFORTUNADO"

Manuel Gómez, que ha incidido en que la Intervención General percibió todo lo anterior desde el año 2001 y advirtió en "decenas" de informes de que se trataba de un mecanismo "desafortunado", también ha asegurado que no podía fiscalizar los expedientes de Empleo "por falta de objeto", ya que, según ha dicho, no existía expediente de pago, ni propuesta de subvención, ni orden ni pago.

Al hilo, el ex interventor general ha indicado en su declaración judicial que, a partir del año 2005, y "por decisión de la Consejería", se encargó a la Intervención "asesorar" a los órganos directivos de las empresas públicas de la Junta, entre ellos al Consejo Rector de IDEA, advirtiéndose en el marco de esta "actividad informal" de que "se estaba produciendo un déficit presupuestario que no se podía sostener".

En esta línea, ha afirmado que todo ello se plasmó en una serie de informes trimestrales remitidos al Consejo Rector de IDEA y anuales dirigidos a la exviceconsejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, añadiendo que mantuvo una serie de reuniones con esta última para abordar el déficit presupuestario de la partida 31L, un déficit que a su juicio constituía "una infracción de la Hacienda Pública" al suponer un gasto superior a lo consignado.

DECLARA LA LETRADA JEFE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

La magistrada también ha tomado declaración este miércoles a la letrada jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía Margarita Regli Crivell, lo que había sido solicitado por el abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a un ex alto cargo de IDEA, al entender que dicha comparecencia es "necesaria, clarificadora e imprescindible para el sostenimiento y demostración de las tesis jurídicas defensivas".

La letrada jefe de la Cámara de Cuentas ha ratificado su informe del año 2012 donde señalaba que las transferencias de financiación podían utilizarse para otros fines distintos a equilibrar el presupuesto de IDEA, mientras que también ha dicho que, para hacer su informe, no comprobó que los beneficiarios de las ayudas cumplieran los requisitos, ya que "no era su labor", por lo que tampoco comprobó "expediente por expediente" para ver si se cumplían dichos requisitos.

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