SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Varios exaltos cargos de la Junta imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares han pedido a la juez Mercedes Alaya que suspenda la comparecencia prevista para el próximo jueves de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado al no disponer del informe pericial presentado ante el Tribunal Supremo por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que varios exaltos cargos de la Junta imputados en la causa, entre ellos los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Antonio Lara, han presentado un escrito en el que piden la suspensión de la comparecencia de los peritos bajo el argumento de que no se les ha dado traslado del informe pericial aportado por la defensa de Griñán.
De este modo, estos exaltos cargos de la Junta han interesado la suspensión de la comparecencia de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado a fin de que se les de traslado del informe pericial propuesto por el expresidente de la Junta, y que le ha sido remitido por el Tribunal Supremo a la juez Alaya, y así poder estudiarlo antes de la comparecencia de los peritos de la IGAE.
LA DECISIÓN DEL SUPREMO
De su lado, el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, quien instruye la causa por los presuntos ERE irregulares contra cinco aforados, ha remitido a la juez testimonio de la pericial de parte presentada por Griñán y le ha contestado que corresponde a la magistrada de Sevilla decidir si emplaza a los peritos de parte y de la IGAE para ratificar sus informes sobre el caso.
El alto tribunal responde así al escrito que le presentó el pasado día 12 la defensa de José Antonio Griñán pidiendo a Jorge Barreiro que instara a la juez Alaya a abstenerse de realizar la diligencia de ratificación de los dos informes periciales que obran en la causa.
Se trata del realizado por los peritos de la IGAE y el presentado por Griñán y que firman los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago poniéndose a las tesis de los primeros de considerar delictivas las denominadas "transferencias de financiación".
La decisión de remitir a la juez de Sevilla el informe de parte, a lo que se oponía Griñán en su escrito, se adopta por "razones obvias de auxilio judicial", según una providencia dictada por el instructor de la causa.
En su escrito, Griñán --quien es investigado junto con el también aforado expresidente Manuel Chaves y tres consejeros del gobierno autonómico-- pedía expresamente al magistrado Jorge Barreiro que ordenase a Alaya abstenerse de realizar la ratificación de los informes del IGAE, puesto que de hacerlo en el Juzgado de Sevilla, donde él no es parte, se le causaría indefensión.
El abogado de Griñán, José María Mohedano, defendía en su escrito que dicha ratificación se debía hacer en todo caso en el Supremo y cuando lo decidiera el magistrado instructor del alto tribunal.
QUE RECURRA EN SEVILLA
Respecto a este punto, la providencia dictada hoy especifica que es a Alaya a la que corresponde decidir "con autonomía la fecha, extensión y condiciones procesales en las que practicar esta diligencias" sin perjuicio de que las partes puedan interponer recursos ante el órgano competente, que es la Audiencia de Sevilla.
La magistrada había solicitado el informe de parte en el marco de la ratificación ante su Juzgado del estudio judicial encargado a la IGAE, de forma --dice el escrito-- que "no es descartable que pretenda preguntar a estos peritos sobre su contenido".
