Considera una excusa decir que sin los denominados informes de actuación las Consejerías no debían reaccionar
MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El que fuera Interventor General de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, ha declarado este martes ante el juez de Tribunal Supremo que instruye la causa de los ERE que con ocasión de un informe referente a 2003, la Intervención concluyó que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) tenia una insuficiencia presupuestaria que implicaba que se estaba eludiendo el procedimiento legal para la concesión de subvenciones.
Preguntado por los informes elaborados entre 2001 y 2010 sobre el procedimiento para la concesión de ayudas, ha mantenido que se consideraba que las transferencias de financiación no eran las adecuadas para esas ayudas pero debido al sistema, el papel de la Intervención era "muy reducido".
Según consta en el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, Gómez ha defendido la realización de informes adicionales en lugar de informes de actuación, que son mecanismos de control financiero, pero también que es "erróneo" que la falta de informes de este último tipo no implique la actuación de las diferentes consejerías.
SE DEBIÓ ACTUAR
"Es una excusa", ha dicho Gómez ante el juez del Supremo, ante el que también ha declarado que el consejero de Hacienda, que en aquel tiempo era José Antonio Griñán, tenía como competencia el control de la Junta y que si se le estaba advirtiendo de que había un déficit importante no tenía por qué esperar a ningún otro informe para actuar sino que tenía competencias para tomar medidas.
Así, considera que el consejero podía haber ordenado distintas medidas al tener constancia de esas irregularidades en el informe de auditoría, como la suspensión de los pagos de las cuentas corrientes del IFA, y ha señalado que cuando la Intervención le remitió el informe con las deficiencias detectadas en los expedientes no hizo alegaciones.
Del mismo modo, considera que al recibir los informes, también el consejero de Innovación podía haber dado instrucciones para que se dejara de pagar.
ESTRATEGIA EN SU CONTRA
El exinterventor ha declarado este martes ante el juez que considera que ha habido una "estrategia" del PSOE para "endosarle" la responsabilidad sobre las ayudas sociolaborales a él.
En otro momento de la declaración ha negado que recibiera alguna orden o indicación para sustituir el informe de actuación y ha defendido la independencia del cargo que ocupaba y el funcionamiento de forma autónoma de los servicios de la Intervención General.
Según consta en el acta, el control de la Intervención fue "exiguo" pero eso no es algo excepcional sino que, según ha mantenido, hay determinadas áreas en las que el Gobierno "ha decidido que no tenga control de la Intervención".
Sobre su labor, el exinterventor ha aseverado ante el instructor que no pensó que se dieran subvenciones sin causa y ha incidido en que no había elementos para emitir un informe de actuación por menoscabo. Al respecto, ha justificado esa no elaboración de informes de actuación en que las operaciones podían causar un perjuicio en cuanto al déficit pero que eso no supone un menoscabo de fondos públicos que es la condición necesaria para que se realice ese informe.
No obstante, a falta de informe de actuación, lo que los funcionarios de la intervención vieron, lo plasmaron en un informe escrito dirigido a las mismas personas a las que se hubiera dirigido el informe de actuación, ha dicho en su declaración Gómez.
EL PROBLEMA: LA DESATENCIÓN
Para el funcionario, el problema que ha desembocado en la causa no es un fallo de los procedimientos de control sino la "desatención" y, en esa línea, ha dicho que el Gobierno andaluz debería haber hecho caso a las advertencias desde el primer momento. "En el control financiero la Intervención no tienen ningún elemento coactivo, la responsabilidad está en el destinatario del informe y el problema es que no se atendieron las recomendaciones y conclusiones de los informes".
Por último, ha mantenido que el régimen de control financiero era confuso y ha negado que el Gobierno reforzara cada año los sistemas de control.
