La FAAS critica que el alumnado sordo de Andalucía queda excluido del aprendizaje de idiomas

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Andalucía (FAAS) ha mostrado su preocupación por la "discriminación" a la que se ve sometido al alumnado sordo andaluz en relación al aprendizaje de idiomas extranjeros, ya que consideran que dicho queda excluido de esta faceta.

Estos estudiantes, según ha explicado la federación en una nota, exigen contar con intérpretes de lengua de signos para poder seguir estas clases, una cuestión aún sin resolver en la mayoría de los casos. "Al no considerarse formación reglada, no se obliga a los centros a ofrecer este recurso", ha señalado el presidente de la FAAS, Alfredo Gómez.

La entidad exige asimismo, una mayor uniformidad en cuanto a los criterios que deben aplicar los centros a la hora de examinar a un estudiante sordo de una lengua extranjera. "En algunos casos se les exime de las pruebas de 'listening' y 'speaking', mientras que en otros, se le obliga a realizarlas", ha comentado Gómez.

"Hablamos de personas sordas, no es lógico que se les exija que cumplan esas competencias, como tampoco lo es que por el hecho de no tener que cumplirlas, su titulación pueda carecer del mismo valor que la del resto", ha agregado.

Durante los últimos dos años, la entidad ha mantenido numerosas reuniones con diversas instancias de la Junta de Andalucía para paliar esta situación, sin obtener ninguna respuesta. En este sentido, el presidente de la FAAS ha calificado de "paradójico" que Andalucía sea la primera comunidad en implantar ayudas para cubrir los gastos de matrícula y formación vinculados al examen del B1 y que, sin embargo, "desoigan reiteradamente las peticiones del alumnado sordo".

"Nos preocupa que abandonen el estudio de idiomas, algo fundamental no solo para obtener un grado universitario, sino también para estudiar en países extranjeros, encontrar un trabajo, o promocionar en él", ha manifestado Gómez, que exige a la Junta de Andalucía que no vulnere los derechos que normas como la Ley 11/2011 o la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad conceden a las personas sordas.