La familia que podría perder la tutela de sus dos hijos menores pedirá amparo al Defensor del Pueblo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pareja natural de Sevilla que podría perder la tutela de sus dos hijos menores de 13 y 6 años de edad a consecuencia del procedimiento de desamparo iniciado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía pedirá el amparo del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.

Así lo dio a conocer en declaraciones a Europa Press la abogada que defiende a la familia, Yolanda Campón, quien detalló que, en estos momentos, se encuentra redactando el escrito que le será remitido a José Chamizo, en el cual se dará cuenta de la situación que está viviendo esta familia sevillana desde que el departamento de Micaela Navarro iniciara el procedimiento de desamparo aludiendo al alcoholismo y a la drogodependencia de los progenitores.

En este sentido, la letrada recordó que fue el 4 de diciembre de 2008 cuando esta familia recibió un escrito del departamento que dirige Micaela Navarro en el que se le notificaba que había decidido iniciar un procedimiento de desamparo de sus dos hijos menores, dando a la familia un plazo de 15 días para responder.

De este modo, Campón indicó que, en el escrito, la Consejería argumentaba "consumo de alcohol por parte de la madre y de drogas por el padre, así como absentismo escolar, falta de higiene tanto de los menores como de la vivienda familiar y posible abuso sexual de un vecino contra uno de los menores", señalando además Igualdad que "los padres no habían aceptado la ayuda proporcionada" al respecto.

Al hilo de ello, la familia presentó el 22 de diciembre de 2008 un escrito ante le Administración autonómica oponiéndose a lo aseverado por la Junta y haciendo una serie de alegaciones al respecto. Además, y según explicó la letrada, la madre se hizo una prueba que demostraba que no es alcohólica --presentada el 5 de marzo de 2009--, y tanto el padre como la madre, ésta de forma voluntaria, se sometieron a otra prueba que demostró que ninguno de los dos consume sustancias estupefacientes --prueba llevada a la Junta el 2 de enero del presente año--.

SIN RESPUESTA DE LA JUNTA

La abogada puso de manifiesto que, una vez realizados todos los trámites reseñados y remitida la documentación a la Consejería para la Igualdad, ésta "no se puso en contacto" con la familia, por lo que tuvo que ser la propia letrada la que el 10 de junio de 2009 preguntara por el estado en el que se encontraba el proceso de desamparo iniciado en diciembre de 2008.

Una vez puesta en contacto con la Junta, ésta señaló que "el proceso seguía hacia adelante, argumentando para ello el absentismo escolar de los niños y la falta de higiene y el mal olor existentes en la vivienda", pero la familia "sigue sin noticias de lo que va a pasar, pues la Junta dijo que convocaría una audiencia tras la que resolvería el procedimiento de desamparo, y ésta aún no se ha producido".

En este punto, la letrada explicó que, según la ley, el plazo para la resolución de este tipo de procedimientos es de tres meses una vez se notifica a los afectados, pudiéndose ampliar como máximo otro mes y medio, pero el plazo se ha superado "y la Junta no ha dicho nada" al respecto, por lo que no descartó que, en el futuro, puedan ejercer acciones legales contra la Administración autonómica.

LA JUNTA ALUDE A UN INFORME PREVIO DEL AYUNTAMIENTO

Por su parte, el delegado provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, Manuel Gálvez, ya desmintió "con rotundidad" que el procedimiento de desamparo se iniciara a raíz de una denuncia "anónima" que apuntaba al alcoholismo y la drogodependencia de los progenitores, como declaró la madre de los pequeños, Soledad Gómez, sino que el proceso comenzó tras recibir la Consejería de Igualdad y Bienestar Social un informe del Ayuntamiento de Sevilla.

En declaraciones a Europa Press, Gálvez afirmó que existe un informe de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla que data de junio 2008, "en el que insta a la Consejería a que se hagan las averiguaciones y las interacciones oportunas respecto al caso denunciado, y en ese momento es en el que estamos". Al hilo de lo anterior, el delegado afirmó que es un procedimiento que se inició a raíz de ese informe y que aún no ha concluido, por consiguiente, apuntó, "no se puede hablar ni de desamparo ni de retirada".

"Hablar de cómo va a finalizar este procedimiento es completamente prematuro, porque no tenemos aún datos suficientes para hacerlo, pero está claro que por una denuncia anónima no va la Junta de Andalucía y se lleva a un menor", manifestó.

Además, aclaró que la actualización de dichos informes se ha vuelto a pedir en el mes de marzo de este año, y que "las conclusiones se sacarán una vez que finalice el procedimiento administrativo, por eso no se puede hablar ni de desamparo, ni de retirada, ni siquiera de archivo, porque no sabemos cómo acabará todo".