La Fiscalía dice que el alcalde de La Puebla "abusó" del móvil y alude a 15 facturas falsificadas

La Fiscalía de Sevilla ha argumentado este martes que el alcalde de La Puebla del Río, Julio Álvarez González (PSOE), para quien pide cuatro años y nueve meses de cárcel y seis años de inhabilitación por gastar supuestamente en poco más de un año 6.098,66 euros en llamadas privadas y a teléfonos eróticos con el teléfono móvil del Ayuntamiento, utilizó el móvil municipal "de manera muy abusiva" para realizar "llamadas privadas", y ha aludido a la existencia de 15 facturas "falsificadas" que afectaban, concretamente, a las llamadas realizadas por el primer edil a una mujer del pueblo "con la que mantenía una relación personal y no profesional".

Y es que la Audiencia Provincial de Sevilla ha acogido este martes la primera jornada del juicio que se sigue, enjuiciado por un jurado popular, contra el primer edil de La Puebla del Río y contra Juan Carlos Benítez Martín, concejal de Obras y Servicios, para quien el Ministerio Público solicita concretamente un año y seis meses de cárcel por un delito de encubrimiento, y un año y nueve meses de prisión por el delito continuado de falsedad en documento oficial.

En su declaración, el alcalde de La Puebla ha insistido en los mismos argumentos que ofreció este lunes a los medios de comunicación, señalando que al teléfono del Ayuntamiento "le dio el uso que le tenía que dar", concretamente para ayudar a una mujer "maltratada" del pueblo con la que mantuvo una relación sentimental cuando él tenía 14 años. "Le ayudé tras tener conocimiento de esta grave situación a través del psicólogo de los servicios sociales municipales y del cabo de la Policía Local, y le dije que cuando tuviera problemas me llamara, a la hora que fuera", ha subrayado.

En este sentido, Julio Álvarez ha puesto de manifiesto que incluso "he hablado con ella delante de mi mujer y de mis hijos, porque no tengo nada que ocultar", y ha argumentado que, como alcalde, su objetivo "era convencerla de que denunciara si le estaba ocurriendo algo, pues era una situación anómala y entre todos estábamos intentando ayudar a una vecina del pueblo" que, según ha dicho, "se intentó suicidar y se autolesionaba".

"ALCALDES LAS 24 HORAS"

"En los pueblos somos alcaldes las 24 horas", ha respondido el alcalde tras preguntarle la fiscal sobre la existencia de llamadas realizadas a esta mujer durante la madrugada, añadiendo que, en el momento de los hechos, "no era consciente del dinero que estaba gastando", aunque ha reconocido que se trató de un gasto "excesivo" y que, por eso, devolvió el dinero posteriormente. Tras ello, ha negado haber realizado llamada alguna a teléfonos eróticos --según el fiscal, gastó 8,38 euros en cuatro llamadas de este tipo--, y ha apuntado la posibilidad de que fuera alguno de sus tres hijos, "por curiosidad", el que hiciera estas llamadas.

Al hilo de ello, el alcalde ha aseverado que "nadie, ni el interventor ni el tesorero, me advirtió de que el gasto fuera excesivo", al tiempo que ha negado que diera órdenes al concejal imputado para que "manipulara" o "borrara" las facturas en lo concerniente a las llamadas realizadas desde su móvil municipal a la mujer en cuestión, agregando que no tuvo conocimiento de esta "manipulación" hasta que se lo comunicó el interventor, tras lo cual "le pregunté al concejal que qué había hecho, y me dijo que era por una cuestión de animadversión hacia" el portavoz municipal de IU, todo lo cual "me pareció una niñería". "No creía que esto iba a llegar hasta aquí", ha sentenciado.

De su lado, el concejal imputado en esta causa ha negado que recibiera órdenes del primer edil para "manipular" las fotocopias de las facturas de teléfono y ha reconocido que lo hizo "en una tarde, durante cinco horas", movido "por la animadversión que sentía" hacia el portavoz municipal de IU, que "iba pregonando por ahí lo que gastaba el Ayuntamiento", aclarando que no sólo modificó las facturas correspondientes al teléfono del alcalde, sino también de otros móviles municipales. "Hice un corta y pega, a lo grande, pero nunca he manipulado un original, sino fotocopias", ha concluido.

LOS HECHOS

Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, el acusado, que es alcalde del municipio desde 1999, disponía de un teléfono móvil cuyos gastos se abonaban con cargo al fondo de las arcas municipales, pero "a pesar de que se trataba de un teléfono destinado a las necesidades del servicio público", el acusado "lo usaba de manera totalmente abusiva para sus propios intereses privados, originando cuantiosos gastos que fueron abonados con fondos públicos".

El fiscal añade que el procesado gastó entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 hasta 6.098,66 euros en llamadas privadas a una mujer y a teléfonos eróticos. Al ser detectados todos estos gastos "indebidos y desproporcionados" por el entonces portavoz municipal de IULV-CA, éste dirigió un escrito al alcalde "pidiéndole explicaciones" y solicitando copias de las facturas desde agosto de 1999. Tras ello, el primer edil le contestó diciendo que había dado las órdenes oportunas al tesorero y al interventor municipales para exhibirle la documentación pedida a partir del 2 de mayo.

En fecha posterior al 26 de abril de 2001 el también acusado Juan Carlos Benítez Martín, "conociendo los hechos cometidos" por el alcalde "y para impedir su descubrimiento" a petición de este último, "aprovechó que como concejal tenía acceso a la documentación" y solicitó para sí los duplicados que ya se habían hecho de las facturas originales, que se encontraban debidamente conservados en el archivo municipal para su exhibición a la oposición.

MANIPULACIÓN DE LAS FACTURAS

De este modo, una vez tuvo en su poder dichos duplicados "y con el beneplácito" del alcalde, "los manipuló, modificando mediante escáner muchos de los números receptores de las llamadas y los teléfonos de la línea erótica en todas las facturas desde noviembre de 1999 a febrero de 2001, todo ello con la finalidad de ocultar la actuación previa" del primer edil. Posteriormente, el concejal acusado devolvió al archivo municipal las copias manipuladas "a fin de que fueran exhibidas" a partir del 2 de mayo al portavoz municipal de IU.

No obstante, y una vez se constató la existencia de las copias manipuladas tanto por el portavoz de IU como por el interventor y tesorero municipales, el concejal imputado devolvió las copias auténticas. Tras la interposición de la querella contra los acusados en mayo de 2002, el alcalde devolvió la cantidad de 6.230,82 euros a que se refería la querella.

Por todo ello, la Fiscalía pide para el alcalde de La Puebla del Río tres años de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos, y un año y nueve meses de prisión y el pago de una multa de 2.700 euros por un delito continuado de falsedad en documento oficial. Asimismo, solicita para el concejal un año y seis meses de cárcel por un delito de encubrimiento, y un año y nueve meses de prisión por el delito de falsedad.