SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los presidentes de las diputaciones de Jaén y Sevilla, Francisco Reyes y Fernando Rodríguez Villalobos, respectivamente, han manifestado este viernes su convicción en cuanto a que PSOE e IU-CA superarán el conflicto desencadenado en el gobierno de coalición de la Junta de Andalucía, al entregar directamente la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés (IU-CA), viviendas protegidas a las familias desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, extremo tras el cual la presidenta autonómica, Susana Díaz (PSOE), ha retirado al área de Cortés las competencias en materia de adjudicación de VPO.
Los presidentes de las diputaciones de Jaén y Sevilla han firmado este viernes un convenio de colaboración en la sede de la institución provincial sevillana, donde han defendido la decisión de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de retirar provisionalmente a la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés (IU-CA), las competencias de adjudicación de viviendas protegidas. "Para adjudicar una vivienda pública hay unos mecanismos y esto tiene que servir para todos y para todas", ha enfatizado Francisco Reyes a cuenta de la solución directa resuelta por el área de Cortés para el citado colectivo de familias.
Reyes ha manifestado que "en cualquier familia hay diferencias y dificultades", con lo que espera que la liza "se resuelva de buena manera", pues los socios del Gobierno andaluz están "trabajando por normalizar la situación". Fernando Rodríguez Villalobos, igualmente, ha defendido que la adjudicación de viviendas públicas debe estar siempre sujeta a "los baremos que realizan los técnicos competentes", aunque ha admitido que este tipo de procedimientos, normalmente, no funcionan con la "celeridad" necesaria. Avisando de que tampoco el Ayuntamiento hispalense, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), habría actuado "en tiempo y forma", Rodríguez Villalobos avisa de que "la Ley no la puede sobrepasar nadie", rechazando así la idea de resolver el problema de la vivienda mediante "la patada en la puerta".
"La salida es el diálogo. Si nos hemos distinguido durante todo este tiempo por algo es por dialogar y poner las cosas coincidentes encima de la mesa, por eso hemos funcionado bien", dice Rodríguez Villalobos, quien cree que "la sangre no va a llegar al río" entre PSOE e IU-CA, porque "no se puede romper el pacto por una discrepancia".
LA CORRALA UTOPÍA
Estamos hablando del colectivo de familias que habitaba sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.
Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo. Las familias, en ese sentido, esgrimían que su reivindicación no era otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.
Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de unas ocho familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.
Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba a finales de enero un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas y en febrero reclamó ya que las fuerzas de seguridad del Estado diesen cumplimiento a dicha orden, lo que motivó que Policía Nacional consumase el pasado domingo el desalojo efectivo del bloque de viviendas.
