SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud, María Jesús Montero, reiteró hoy que el equipo médico a cargo del respirador que mantiene con vida a Inmaculada Echeverría, la mujer con distrofia muscular progresiva que ha pedido que se le retire esta ventilación mecánica, pertenece al Hospital San Cecilio del Servicio Andaluz de Salud (SAS), al tiempo que aclaró que el concierto establecido entre la Administración sanitaria y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios "consiste en que las instalaciones del Hospital San Rafael estén a disposición de la Junta de Andalucía".
En declaraciones al espacio 'La Entrevista' de Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, la titular del ramo se refirió así a las informaciones que apuntan a que la Orden de San Juan de Dios ha dado instrucciones a su personal médico para que no retire el respirador de Inmaculada.
A este respecto, Montero señaló que "lo único que se conoce públicamente y expresado de forma oficial a la Consejería de Salud es que la dirección del Hospital San Rafael, en consonancia con la dirección del San Cecilio del SAS, ha dejado claro que el deseo de Inmaculada Echeverría se iba a realizar dentro de las instalaciones del San Rafael".
"Lo único que se conoce actualmente es que el Hospital San Rafael manifestó su voluntad de que el rechazo al tratamiento que solicitó Inmaculada se hiciera dentro de la Orden de San Juan de Dios", enfatizó Montero, quien insistió en el hecho de que "hasta la fecha esta Orden no ha comunicado a la Junta ninguna novedad en relación a este caso".
Al margen de este ámbito, la responsable andaluza de Salud reiteró que el equipo asistencial que trata a Inmaculada, "que es el encargado de vigilar el mantenimiento del respirador, siempre ha pertenecido al San Cecilio", toda vez que garantizó que los poderes públicos velarán "por los derechos expresados por la paciente, lo que también supone que los profesionales que directamente acceden a esta situación no pueden ser considerados como punibles".
Al hilo de ello, sostuvo que la paciente expresó "con voz clara y conciencia nítida" el que se articularan "todos los medios que le permitieran dejar la situación por la que atraviesa", hecho que motivó que el departamento que dirige Montero pusiese en marcha "todos los mecanismos administrativos que nos permitieran saber en que caso se encontraba Inmaculada y qué condicionantes existían en torno a ella", recordó.
En este sentido, aludió a los "pasos seguidos" por su Consejería Salud con los informes que solicitó tanto al Comité de Ética como al Consejo Consultivo Andaluz, "dictaminando ambos que era ética su petición y que se trataba de un rechazo de tratamiento con limitación del esfuerzo terapéutico", recordó.
"A raíz de estos dictamines, se ha concluido que se trata de un derecho de la paciente a rechazar su tratamiento y que se contempla en el ordenamiento jurídico vigente en el conjunto de España", prosiguió Montero, quien dijo que ante este contexto "evidentemente la Administración sanitaria tiene que garantizar el derecho de Inmaculada, ya que nada tiene nada que ver con la eutanasia".
LEY DE CLONACIÓN TERAPÉUTICA
Por otra parte, Montero se refirió a la aprobación el pasado miércoles en el pleno del Parlamento andaluz de la Ley que regula en Andalucía la investigación biomédica mediante técnicas de reprogramación celular con fines terapéuticos, destacando que la misma nada tiene que ver con la clonación reproductiva "que está condenada en todos los ámbitos legales".
Sobre las potencialidades de estas investigaciones, dijo que las mismas se centran en intentar que la célula reprogramada "sea capaz de regenerar el tejido dañado, ya sea cerebral cardíaco, hepático o del tipo que sea".
Recordó que el proyecto de ley plantea que sólo se podrán investigar en los centros autorizados, como el Cabimer, y que el Comité de Reprogramación velará por que los proyectos cumplan con los objetivos y requisitos de que los estudios se encaminen a curar enfermedades. Además, se refirió a Comité de Ética "en donde se planteará que los trabajos cumplen con los requisitos de consentimiento informado".
INCOMPATIBILIDAD LEY ESTATAL
Preguntada por si la ley andaluza solapa a la estatal, indicó que ambos cuerpos normativos "no son incompatibles", en referencia a la Ley estatal en la que está trabajando el Gobierno central, al tiempo que sostuvo que la decisión andaluza se ha basado "en seguir con la hoja de ruta que nos habíamos fijado en materia de investigación".
Con todo, dio la "bienvenida" a que desde el Estado "se pueda regular este tipo de técnicas mediante su ley, de la que recordó "es más amplia" --que la andaluza--.