25 de mayo de 2020
 
Actualizado 20/05/2020 12:18:56 +00:00 CET

La asociación de juristas 17 de Marzo denuncia ante la Fiscalía de Sevilla "manifestaciones ilegales" contra el Gobierno

Un grupo de personas durante una marcha en contra la gestión del Gobierno, en Santa Justa
Un grupo de personas durante una marcha en contra la gestión del Gobierno, en Santa Justa - María José López - Europa Press

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Andaluza de Juristas 17 de Marzo ha denunciado ante la Fiscalía de Sevilla la convocatoria y celebración de "manifestaciones políticas organizadas y coordinadas" para reclamar la dimisión del Gobierno central por su gestión ante la pandemia de coronavirus Covid-19, sin haber sido "debidamente comunicadas a la Subdelegación" pese a tratarse de un requisito obligado y poniendo "en riesgo" la salud pública, mediando además el caso de agentes de la Policía Nacional que "están permitiendo con normalidad" estas "manifestaciones ilegales" y, además, "están demostrando públicamente su apoyo a las mismas".

En su denuncia a la Fiscalía, sellada este mismo miércoles y recogida por Europa Press, la citada asociación avisa de que pese a las limitaciones del estado de alarma decretado para combatir la propagación del Covid-19, en Sevilla "se están celebrando diariamente manifestaciones ilegales, organizadas previamente y no comunicadas, que ponen en peligro la salud y la vida de las personas y durante las cuales los agentes de la autoridad pueden estar cometiendo delitos de prevaricación y otros".

Según se desgrana en la denuncia, a las 21 horas de este pasado lunes se celebró "una gran concentración en la avenida de la Palmera cuya convocatoria se dio a conocer en las redes sociales" en demanda de la "dimisión o cese" del Gobierno central por su gestión de la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia, siendo celebrada una concentración similar el martes en el entorno de Santa Justa, mientras para este miércoles hay prevista otra en la Plaza de España, el jueves otra ante el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y el viernes una más en Los Remedios.

"REQUISITO IMPRESCINDIBLE"

Se trata, según la denuncia, de convocatorias "premeditadas" de "manifestaciones políticas organizadas y coordinadas" que, no obstante, "no han sido debidamente comunicadas a la Subdelegación del Gobierno, un requisito imprescindible para el ejercicio legítimo del derecho de reunión en lugares de tránsito público según la Ley 9/1983".

"Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, la falta de comunicación puede ser merecedora de sanción, pero no implica en todo caso la ilicitud de la manifestación", precisa el colectivo en esta denuncia, agregando que no obstante, rige el decreto emitido el 14 de marzo por el Gobierno central implantando el estado de alarma para frenar la pandemia con las consiguientes restricciones a la presencia en la vía pública para impedir "el riesgo (de propagación del virus) derivado de la concentración de personas".

Al respecto, la denuncia recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "ratificó la prohibición de manifestaciones (en coche) convocadas con motivo" del Día Internacional de los Trabajadores. "Han transcurrido dos semanas desde esa resolución pero no sólo el estado de alarma sigue en vigor, sino que es lógico pensar que una situación tan excepcional no se revierte en dos semanas", alertan.

"SE INFRINGE DELIBERADAMENTE LA LEY"

"Debe garantizarse el derecho de manifestación siempre y cuando se haga compatible con la protección de la salud, pero parece evidente que en el caso actual en el que se realizan concentraciones organizadas, diarias y sin guardar la distancia de seguridad, se ha obviado el requisito inexcusable de la notificación previa a la Subdelegación del Gobierno ante la certeza de que ésta podría prohibirlas", razona el colectivo, considerando que "se está infringiendo deliberadamente la Ley con la intención de realizar actos que se sabe que ponen en peligro la salud pública".

Además, avisa de que media en el asunto la actuación de "agentes de la Policía Nacional" que "no sólo están permitiendo con normalidad estas manifestaciones peligrosas para la salud, sino que en ocasiones están demostrando públicamente su apoyo a las mismas mediante el sonido de sus vehículos y gestos ostensibles", por lo que "estarían incurriendo en un delito grave de prevaricación en concurrencia con otros, incluyendo la coautoría en el de manifestación ilícita u otros posibles contra la seguridad y la salud pública".

"Ello obliga a investigar tales conductas por si fueran constitutivas de los delitos reseñados", concluye la Asociación Andaluza de Juristas 17 de Marzo.

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