Álvaro Julio critica las "especulaciones, dobles raseros y una burda maniobra de manipulación" del PP para "arañar votos con mentiras"
SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, ha presentado una demanda civil contra su exdirector de Promoción Cristóbal Cantos por el caso de las grabaciones de las conversaciones entre Cantos y la expresidenta de la empresa pública, una demanda civil que se suma a las acciones penales y en la que Invercaria reclama una indemnización de 618.000 euros.
Según ha indicado a Europa Press el actual presidente de Invercaria, Francisco Álvaro Julio, el pasado viernes, día 16 de marzo, Invercaria presentó una demanda civil contra Cristóbal Cantos por "ilegítima intromisión en el derecho al honor y a la propia imagen" de la empresa pública, reclama la citada indemnización de 618.000 euros.
Francisco Álvaro Julio ha precisado que Invercaria "acaba de tener conocimiento" del decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía, que detecta indicios de delitos en la gestión de Invercaria, por lo que ya se ha trasladado a los servicios jurídicos dicho decreto con el objeto de "contribuir al esclarecimiento de los hechos y aportar el informe pericial que pone de manifiesto la manipulación de las conversaciones grabadas", de manera que ha expresado su "total colaboración con la Justicia".
El presidente de Invercaria ha asegurado que "tanto las grabaciones a la expresidenta de Invercaria, Laura Gómiz, y a los trabajadores de la empresa, como el informe pericial que acredita la manipulación de las cintas fueron aportadas al juicio que tuvo lugar el día 9 de marzo en el Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla" por el despido de Cantos. Durante el procedimiento, el Ministerio Fiscal "se sumó a la parte demandada y pidió la desestimación de la demanda al considerar que no existió vulneración de derechos fundamentales".
Álvaro Julio ha recordado asimismo que el 6 de marzo, Laura Gómiz presentó una querella contra Cristóbal Cantos, que ha sido admitida por el juzgado número 8 y se han abierto diligencias previas. Estos hechos se han remitido al juzgado número 16 de Sevilla, mientras que un día después Francisco Álvaro Julio presentó una querella contra Cantos en nombre de la empresa por "falsedad y estafa procesal". Ahora se suma la demanda civil.
El presidente de Invercaria ha precisado que Cristóbal Cantos envió las grabaciones a la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, quien "se desentiende por no guardar ninguna relación con lo ERE fraudulentos, por lo que lo manda a sorteo y recae en el juzgado número 16, que lleva la querella de Cantos en la que aporta las grabaciones y la querella que Gómiz interpone contra él.
DEFENSA DE LA GESTIÓN
Francisco Álvaro Julio ha defendido la gestión de Invercaria, que "opera siempre con inversores privados" y ha asegurado que se trata de "una empresa pública transparente, auditada todos los años desde 2005 por un auditor externo de reconocido prestigio".
En ese punto, ha recordado que "todos los informes concluyen que las cuentas anuales de cada ejercicio expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Invercaria, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo". Agrega que todos los fondos que gestiona Invercaria están regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Por lo tanto, ha dejado claro que Invercaria "no actúa como inversor, sino que su actividad la ejecuta a través de los fondos regulados, y esa actividad está sometida a la legislación fiscal, mercantil y laboral y está supervisada por la CNMV", por lo que ha insistido en la "transparencia" de la sociedad y en la existencia de "procedimientos regulados, establecidos, publicados y publicitados".
Asimismo, ha recordado que Invercaria "cuenta con un manual de funciones desde 2007 elaborado por Dopp Consultores" y ha precisado que Invercaria "dispone de procedimientos internos para el desarrollo de su actividad, de forma que los procesos sobre las inversiones están recogidos en los estatutos y en actas del consejo de administración de la sociedad en sus primeros ejercicios y adicionalmente, en 2009, se aprobaron unos procedimientos operativos que fueron complementados con los operativos en el Fondo Jeremie".
En cuanto al personal, Francisco Alvaro Julio explica que los tres trabajadores a los que hace alusión el informe de la Cámara de Cuentas como que no desarrollaban su trabajo en Invercaria "estaban prestando servicios dentro de órganos de captación de proyectos y de promoción" y añade que de esos tres trabajadores, uno ya no es personal de la empresa y los otros dos desempeñan actualmente sus funciones en la sede central en el área de Promoción.
En lo referente a gastos de representación pagados con tarjeta de crédito por el entonces presidente, apunta que "se dispone de las facturas justificativas de estos, se ha comprobado su correspondencia con gastos relacionados con la actividad propia del presidente y se han reclamado y cobrado los que no fueron justificados".
CRÍTICAS AL PP
Francisco Álvaro Julio ha criticado las "especulaciones partidistas, dobles raseros y una burda y patética maniobra de manipulación" efectuado por el PP, con "el fin único de engañar a los andaluces y arañar votos a base de mentiras".
Asimismo, ha aludido a la sociedad Capital Riesgo Madrid, CRM, sobre la que ha recordado que este martes "ha salido a subasta la participación de la Comunidad de Madrid en esta sociedad, la segunda vez que sale, porque la primera vez quedó desierta".
Álvaro Julio apunta que "tanto por la composición de su cartera como por sus actuaciones, Capital Riesgo Madrid es un auténtico fracaso" y ha precisado que la Comunidad de Madrid tiene el 49 por ciento de la compañía, porcentaje que "le permite evitar órganos fiscalizadores", agregando que dicha sociedad "tiene pérdidas de más de 13 millones de euros en 2009, últimas cuentas auditadas, pues los ejercicios posteriores ni siquiera los conocemos".
Asimismo, ha apuntado que esta sociedad de capital riesgo en la que participa la Comunidad de Madrid cuenta, en 2011, con participación en 14 empresas, "y seis de ellas están provisionadas en casi diez millones porque se encuentran en fase de liquidación o en concurso de acreedores, lo que supone un porcentaje de fallidos del 42 por ciento, cuando el de Invercaria es del 15 por ciento".
Álvaro Julio ha indicado que "en Madrid, la persona que desarrolla los servicios profesionales en la empresa es la misma que ocupa el cargo de consejero delegado en CRM y percibió más de 830.000 euros anuales, de los que más de 32.000 fueron en dietas, mientras que en Invercaria, los miembros del consejo de administración no perciben ni un solo euro".
Ha puesto como ejemplo de esas inversiones de CRM la empresa Nupcial Novissima, en la que CRM "invirtió 7,4 millones de euros y provisionada al cien por cien en 2009, mientras que en 2008 no se provisionó nada".
Asimismo, alude a una empresa en la que han invertido CRM e Invercaria, en concreto Irongate, donde a partir de 2008, el proyecto empieza a resentirse de la crisis y en 2001 se acentúan los problemas de tesorería, por lo que se inicia concurso y acaba en liquidación, por lo que ambas sociedades pierden su inversión. Frente a esto, Álvaro Julio lamenta que, sobre este caso, "en Madrid alegan que son decisiones empresariales fundadas que no han dado el resultado esperado, mientras que en Andalucía el PP habla de fraude".
