SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El diputado por Sevilla de Unidos Podemos, Miguel Ángel Bustamante, ha registrado una pregunta a la mesa del Congreso de los Diputados en la que se insta a conocer los motivos por los que no se concedió la libertad al preso Pablo Moreno García, que murió el día 4 de junio de 2015 en el Centro Penitenciario de Sevilla II, ubicado en Morón de la Frontera.
Según el escrito, recogido por Europa Press, Bustamante solicita también información concreta sobre qué tipo de protocolo o medidas tiene previsto el gobierno central para que no se vuelvan a repetir hechos como el sucedido a Moreno García, un preso natural de Écija que sufría un cáncer en fase terminal, neumonía crónica y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
En este sentido, apunta a las menciones del Tribunal constitucional sobre el "superior valor de la libertad diciendo que en un estado social y democrático de derecho la libertad personal no es sólo un valor superior del ordenamiento jurídico sino además un derecho fundamental". Entiende que deben primar las razones humanitarias que permitan que un enfermo terminal pueda vivir sus últimos años, meses o días en condiciones "lo más adecuadas posibles, al lado de su familia o amigos, procurándoles la mejor calidad de vida en esos últimos momentos".
Recuerda que el artículo 80.4 del Código Penal dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el "penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables".
Bustamante afirma que en estos casos se da la "paradoja" de que los jueces se ven "obligados a solicitar todo tipo de informes tanto al centro penitenciario como al médico forense al objeto de valorar la real situación del enfermo y poder tomar una decisión sobre la suspensión de la condena y/o la concesión de la libertad condicional".
Además, añade que en "multitud" de ocasiones el médico forense responde que no puede valorar la situación del enfermo por no ser quien le ha tratado a lo lardo de su enfermedad. "Son así los servicios médicos de atención primaria y especializada de la salud pública o privada los competentes para emitir un diagnóstico adecuado a las enfermedades del paciente y, en cualquier caso, un trato humanitario en sus últimos momentos", concluye.
EL CASO
En este marco, cabe recordar que en mayo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Morón de la Frontera (Sevilla) sobreseía provisionalmente y archivaba las diligencias incoadas por la muerte de Pablo Moreno García, quien, según la familia del preso, cumplía condena en la cárcel de Sevilla II a cuenta de una pena de "ocho años y tres meses" de privación de libertad que le fue impuesta por delitos de robo, sufriendo en paralelo un cáncer de garganta en fase terminal, una neumonía crónica e incluso portaba los anticuerpos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Su familia, dado el caso, emprendió una intensa campaña para reclamar a las autoridades que permitiesen su puesta en libertad, por "razones humanitarias", al objeto de que pasase sus últimos días "con su hijo y su nieto", trasladando sus familiares que pese a su estado, las autoridades judiciales no le concedían la libertad, bajo la premisa de que podía "delinquir de nuevo". Finalmente, falleció el día 4 de junio de 2015.
